Proponen hasta 10 años de prisión para “árbitros vendidos”

El presidente de la Comisión del Deporte, Ernesto D’Alessio, propuso además una multa de hasta 253 mil pesos a jueces o a quien los coaccione con el objetivo de alterar, modificar, arreglar, cambiar o variar resultados deportivos.

Fernando Guerrero provocó polémica en este partido (Imago7)
Elia Castillo
Ciudad de México /

Ernesto Vargas Contreras, presidente de la Comisión del Deporte en la Cámara de Diputados, busca reformas al Código Penal Federal para imponer hasta 10 años de cárcel a quien propicie fraude deportivo; con ello busca frenar la manipulación en los resultados de competencias o torneos. 

La propuesta busca reformar el Código Penal Federal para sancionar con una pena de cinco a diez años de prisión y de mil a tres mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a 84 mil 490 y 253 mil 470 pesos de multa, a quien incurra en conductas que propicien fraude deportivo. 

“Quien con el propósito de obtener un lucro económico o beneficio deportivo, ofrezca, prometa, coaccione, proponga, invite, pagué, obsequie, entregue un beneficio económico o en especie a atletas, árbitros, auxiliares técnicos, directores deportivos, entrenadores, jueces deportivos, médicos, vicepresidentes, administradores de entidades deportivas, directores del deporte municipal, estatal o federal, presidentes de clubes o federaciones deportivas con el objetivo de alterar, modificar, arreglar, cambiar o variar resultados deportivos en competencias de carácter profesional o amateur”, señala la propuesta enlistada en el orden del día de la sesión de este jueves. 

El documento señala que también será sujeto a las mismas sanciones quien oculte, encubra o pretenda encubrir actos de corrupción con el objetivo de modificar los resultados deportivos, lleve a cabo actos violentos o conductas de dominio, control, agresión física, psicológica, patrimonial o económica, para obtener la modificación o alteración de los resultados deportivos, antes, durante y después de la celebración de los eventos. 

“El que se encarga de organizar el acto de corrupción, busca a algún jugador o miembro del cuerpo técnico, dispuesto a ganar dinero a cambio de que se garantice la derrota en un partido específico, pero esto no es una regla, pues a veces es más sencillo y eficiente comprar al árbitro que a un grupo de personas para negociar la participación en una estadística como es cometer tiros de esquina o tiros penal”, señala el documento en su argumentación. 

Se plantea que las sanciones aumenten hasta una mitad cuando la persona que ofrezca el beneficio económico o en especie sea empleado, corredor, representante, gestor, apoderado, administrador o socio de una casa de apuestas, miembro de un club, liga, federación deportiva, director o empleado de algún organismo del deporte federal, estatal o municipal.

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