En el 67 aniversario del voto de las mujeres en México, las autoridades electorales y legislativas coincidieron en la importancia de que se concreten los lineamientos que obliguen a los partidos políticos a que sus candidatos aprueben un 3 de 3 en violencia de género, que impida que ocupen cargos públicos quienes han violentado a las mujeres en el ámbito político, familiar o laboral.
Durante el diálogo virtual “Los compromisos y retos para garantizar el sufragio de las mujeres ante la discriminación, violencia y contingencia sanitaria” encabezado por el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Instituto Nacional de las Mujeres, coincidieron en que aún falta mucho para lograr que las mujeres gocen en plenitud de sus derechos políticos.
La presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri, destacó que hay avances muy importantes como haber concretado el Registro Nacional “de personas que han perpetrado actos de violencia política por razón de género” para cerrarle paso a agresores en cargos públicos, pero queda pendiente la 3 de 3 que obligue a los partidos políticos a garantizar que ninguno de sus candidatos ha caído en este tipo de acciones.
“Estas conductas inadmisibles vulneran el derecho de las mujeres en la libertad y en la vida libre de violencia y no se limita al ámbito político, en muchos casos son quienes actúan en los centros de trabajo y suelen ser los mismos que en su momento violentaron a sus compañeras en los espacios escolares o académicos, porque estamos en una cultura que ha naturalizado la violencia.
“Se trata de impedir que quienes asignen a un cargo público de elección o designación tengan antecedentes, denuncias o sentencias, ya sea como deudores de pensiones alimenticias, como acosadores o hayan ejercido algún tipo de violencia en razón de género puedan seguir ejerciendo actos de violencia en el desempeño de sus cargos públicos, se trata de una iniciativa de garantía de no repetición”.
En lo que coincidió la consejera y presidenta de la comisión en esta materia, Carla Humphrey, quien señaló que México ha avanzado al ser parte de las 13 naciones que reconocen la paridad y de las cuatro que han tipificado la violencia política en razón, pero aún está en proceso aprobación de lineamientos para que partidos prevengan, atienda, sanciones, reparen y erradiquen la violencia.
A fin de garantizar que “las personas que postulan no hayan sido condenadas o sancionadas por violencia familiar y/o doméstica, por delitos sexuales contra la libertad sexual o la intimidad corporal, y tercero, no sean deudores alimentarios o morosos y que no cuenten con registro vigente de algún padrón de deudores alimentarios”.
El magistrado presidente del TEPJF, Felipe Fuentes Barrera, sostuvo que la Sala Superior y las salas regionales han impulsado la sensibilización de los criterios judiciales con enfoque de género.
“En el marco de esta celebración debo señalar que invito a todas las mujeres del país involucradas en le proceso electoral, que no cejen el empeño de convertirse en protagonistas, deben estar seguras de que en los organismos electorales, en particular en el Tribunal Electoral, tendrán una instancia que les apoya, les ampara y les protege en el ejercicio de sus derechos”.
Mientras que el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, enlistó las reformas que se han alcanzado en este sentido desde 1993 hasta la más reciente en abril de este año que ha levado a que el aparato del Estado “se vuelque para sancionar e inhibir las conductas de violencia en razón de género que lamentablemente se ha incrementado”.
Y detalló tres ejes fundamentales para lograr un México más plural, incluyente y paritario. El primero, consolidar la fórmula mexicana de paridad “y no caer en falsos dilemas como algunos han querido platear entre paridad y la reelección de las y los legisladores, la paridad no está contrapuesta y no se vale anteponer la reelección para no cumplir con la paridad”.
En segundo lugar, dar especial atención a la renovación de los ayuntamientos donde la paridad sí es una asignatura pendiente y tercero, que las cuotas de representación política para grupos vulnerables, para las comunidades indígenas y sensibilizar a nuestra sociedad sobre la desigualdad que viven y contribuir así a la inclusión.
FS