Para normar la atención integral, cuidado y desarrollo infantil en centros y estancias infantiles, diputados del grupo legislativo de Morena y Julio César Márquez Báez, padre de uno de los pequeños fallecidos en la guardería ABC en 2009, propusieron crear la Ley que Regula la Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Infantil en Nuevo León.
Durante la sesión ordinaria ante el Pleno, la diputada Celia Alonso Rodríguez leyó el documento que contiene la iniciativa con proyecto de decreto que pretende expedir esta ley.
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La propuesta inició con la compañía del padre de familia, cuyo hijo murió en la guardería ABC de Sonora, por lo que pidió un minuto de silencio en respeto a los pequeños acaecidos en esta tragedia.
“En Nuevo León, las estancias infantiles han servido de apoyo a padres de familia que por sus actividades laborales no pueden estar al cuidado de sus hijos en determinados horarios.
“De acuerdo a información proporcionada por diputados federales, actualmente en el estado operan 196 estancias infantiles que atienden a más de 7 mil niños (febrero 2019); por lo general todas ellas incluyen a menores de 4 años, quienes permanecen en un lugar en donde se les brinda atención y alimentación”, dijo.
La legisladora de Morena indicó que cada estancia atiende de 10 a 70 niños en promedio, que deben ser supervisados por una instructora o maestra auxiliar por cada ocho menores. En el caso de niños con discapacidad, se debe incluir a un profesional por cada cuatro menores.
En el país hay 25 estados con una ley de este tipo y el último en unirse a estas entidades fue Oaxaca, que la presentó el 30 de septiembre pasado.
“La presente ley es de orden público e interés social, y tiene por objeto uniformar principios, criterios y estrategias en la prestación de servicios y desarrollo de actividades de los Centros de Atención, adecuando las disposiciones que para tal efecto contempla la Ley General de Prestación de Servicio para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral e Infantil, al ámbito local.
“Así como establecer la participación de los sectores privado y social en materia de prestación de servicios de los centros de atención, garantizando el acceso de niñas y niños a dichos servicios en condiciones de igualdad, calidad, seguridad y protección adecuadas que promuevan el ejercicio pleno de sus derechos”, comentó.