El magistrado José Luis Vargas propuso validar el triunfo de Américo Villarreal como gobernador de Tamaulipas, confirmar que el canciller Marcelo Ebrard sí generó inequidad en la elección aunque no suficiente como para anularla, y descartar cualquier tipo de intervención, financiamiento o vínculos de los cárteles de los Zetas, de Sinaloa o del Golfo, presuntos huachicoleros o la columna armada Pedro José Méndez con el candidato, Morena o sus dirigentes.
Fuera del plazo establecido que marca el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que las magistraturas entreguen sus proyectos y puedan ser considerados para la sesión pública del próximo miércoles, el magistrado José Luis Vargas entregó la noche de este domingo el proyecto sobre la validez de la elección para la gubernatura de Tamaulipas luego de la polémica que se desató y las acusaciones por un presunto retraso de la sentencia.
El proyecto que el propio TEPJF hizo público esta noche propone modificar la sentencia del Tribunal Electoral de Tamaulipas por quejas del Partido Acción Nacional que tomó en cuenta, pero concluye que no existen elementos que acrediten violaciones graves, sistemáticas y generalizadas como alegó el PAN.
El PAN exigió la nulidad de la elección tras acusar: vulneración en la cadena de custodia de los paquetes electorales; inequidad que generó el canciller Marcelo Ebrard en el proceso al promover al candidato de Morena y la intervención del crimen organizado, su financiamiento a la campaña de Morena y la violencia que generaron en el proceso.
En el último caso, en casi 200 páginas, Vargas propone dejar sin efectos la valoración del Tribunal local sobre los hechos de violencia por las pruebas que el PAN alegó que no se consideraron en contra de “los vínculos de Américo Villarreal con un grupo delictivo; vínculos de Morena y el dirigente estatal del partido con Los Zetas y el Cártel de Sinaloa; el apoyo de la columna armada Pedro José Méndez; financiamiento ilícito y aportaciones de Sergio Carmona Angulo y fe grupos de delincuencia organizada”.
El proyecto declara infundados todas las acusaciones, pues el PAN se limitó a entregar ligas de notas periodísticas, publicaciones de medios de comunicación digitales, videos de redes sociales y dichos sin pruebas suficientes.
Primero entregó un video el cual indica que grupos delictivos de los Zetas y el Cártel de Sinaloa entraron a Tamaulipas con vehículos para intimidar a la ciudadanía y exigir que votaran por Américo Villarreal, sin más elementos.
Una liga de Facebook que el proyecto concluye, “carece de elementos de prueba y es insuficiente para tener por demostrado que diversas personas pertenecen a grupos delictivos” y otro video que no puede determinar una “supuesta preferencia del dirigente del partido al Cártel del Golfo”.
Sobre una nota y un video donde pretende demostrar más vínculos ilícitos, “no se identifica a la persona que realiza expresiones de apoyo y aunque se habla de ‘mi amigazo el doctorcito Américo chulo’, no se le vincula con ningún grupo u organización, ni con ‘Z Vieja Escuela”.
Vargas concluye que “un reportaje y una nota periodística no es posible tener por acreditada la supuesta fuente ilícita de financiamiento”, que “del análisis de videos se puede inferir que personas a las que se identifican como integrantes de la columna armada manifestaron su respaldo a la candidatura de Morena”, pero esto “resulta insuficiente para acreditar la existencia de un posible vínculo directo o indirecto”.
También concluye que “no hubo incidentes de violencia de la naturaleza alegada por el partido durante la jornada electoral”.
El PAN acusó una persecución en la madrugada del 5 de junio en la comunidad de Laborcitas en la carretera Victoria-Monterrey, pero no existen elementos para demostrar que estaba vinculada con la jornada electoral; o la quema de domicilios sin que se aprecien condiciones de modo, tiempo y lugar “ni mucho menos, la acusación de que participaron elementos de la Guardia Nacional”.
Señalaron “golpes y secuestros en Reynosa y amenazas en casillas de Matamoros, sin que dieran elementos que pudieran identificar los centros de votación”, además de que el asesinato de un empresario presuntamente vinculado con el huachicol, “se dio cuando no existía certeza de la persona que sería candidata por Morena”, por lo que tampoco puede deducirse un financiamiento o que la campaña de Américo Villarreal tiene algún nexo con ese asesinato.
“(Y) de las sesiones de 22 consejos distritales, no se advierte ningún señalamiento por parte de los partidos políticos con relación a hechos de violencia que hubieren afectado la participación del electorado, en informes policiales tampoco se advirtió irregularidad además de la inexistencia de carpetas de investigación por parte de la FGR por violencia en la jornada electoral”.
Ebrard generó inequidad, pero no es suficiente para anular
Tal como ya lo había concluido la Sala Superior en sentencias anteriores, José Luis Vargas sostuvo que Marcelo Ebrard provocó inequidad en la contienda, pero de manera aislada, lo que no puede concluir que por sus participaciones, la ciudadanía votó por Morena y no por otra fuerza política.
El proyecto le da la razón al PAN en que el Tribunal local fue omiso en considerar seis procedimientos administrativos sancionadores.
“No contempló la sentencia contra Marcelo Ebrard y de haberlo hecho, hubiera dimensionado las denuncias contra la Jefa de Gobierno y el secretario de Gobernación, pues no se trataron de hechos aislados sino de una estrategia sistemática”, acusó el PAN.
En su análisis, Vargas recuerda que Ebrard dijo que les llevaba un saludo del presidente Andrés Manuel López Obrador y destacó al candidato de Morena como "un hombre que todos los días se preocupa por Tamaulipas”.
Por lo que, en efecto, “sus expresiones actualizaron una infracción en el desarrollo de la elección, pues atentaron contra los principios constitucionales de imparcialidad y equidad en la contienda”.
Sn embargo, “la infracción atribuida al secretario de Relaciones Exteriores constituyó una irregularidad aislada, que no tuvo una reiteración, ni una asociación con diversas infracciones cometidas por otros servidores públicos, de allí que no se advierta una sistematicidad en su comisión”.
Si bien generó inequidad, igual que Nataly García Díaz, presidenta municipal de Gustavo Díaz Ordaz, no fue determinante como para ordenar que se anule la elección.
En este mismo apartado, el PAN acusó que 38 representantes de casilla eran servidores de la nación del gobierno federal, igual que 10 representantes partidistas generales de un universo de mil 74 quienes además, son beneficiarios de programas sociales.
La investigación pudo comprobar que 18 representantes de casilla sí eran servidores de la nación, pero del resto no existió evidencia de tal acusación.
“Aún así, 18 personas resulta insuficiente para tener por acreditada la supuesta coacción o presión y menos aún como irregularidad grave, sistemática y generalizada”, por lo que no se pudo acreditar intervención del gobierno federal o presión al electorado para que votaran por Américo Villarreal a cambio de seguir teniendo programas sociales.
Sobre la vulneración a la cadena de custodia de los paquetes electorales, el proyecto también concluye que el Tribunal Electoral local fue omiso en analizar irregularidades pero determina que los aparentes “cambios indebidos de vehículos para el traslado, modificaciones de ruta y de tiempos establecidos, manipulación de paquetes y falta de firma y cinta de seguridad”, no contaron con elementos de prueba suficientes y no fueron generalizados como para anular la elección.
José Luis Vargas propone que la Sala Superior confirme la validez de la elección, el triunfo y la constancia de mayoría de Morena y Américo Villarreal como próximo gobernador de Tamaulipas, descartando cualquier tipo de intervención del crimen organizado, cárteles de la droga o grupos dedicados al huachicol, así como financiamientos de éstos a la campaña o vínculos con el candidato, el partido o sus dirigentes.