Maribel Aguilera Cháirez, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario de Morena presentó una iniciativa de ley enfocada en atender a las familias mexicanas que residan en territorio nacional y tengan un integrante viviendo en el extranjero.
La propuesta presentada en la sesión semipresencial de la Cámara de Diputados, tiene como base la reforma al artículo 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en Materia de Derechos Humanos de las Familias Mexicanas de Trabajadores Migrantes.
La iniciativa de ley, es parte de la construcción de una política pública encaminada a dar atención a las familias de los migrantes a través de la vinculación institucional que busque generar las condiciones para impulsar el desarrollo económico de las familias y sus comunidades, con la finalidad de lograr su reintegración.
Expresó que actualmente la política migratoria en México se ha enfocado en dar atención a las y los migrantes mexicanos que trabajan fuera del país, principalmente en Estados Unidos, a través de la red de consulados operados por la Secretaría de Relaciones Exteriores, mientras que el Instituto Nacional de Migración, adscrito a la Secretaría de Gobernación, se encarga de vigilar y garantizar el derecho de las personas migrantes extranjeras que llegan a México, basando sus principios en el respeto al artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Sin embargo, estas acciones no se han enfocado en ubicar y atender a las familias de las y los trabajadores migrantes que se quedan en México, ni en mejorar las condiciones de vida de sus comunidades de origen, a pesar de que el envío de remesas es un factor de impulso para la economía en México.
“Esto representa una violación a los derechos humanos de estas familias que se concentran en las entidades del país donde la falta de oportunidades educativas y laborales son limitadas, aquellas en las que con frecuencia se vulnera el derecho de las personas a gozar de una vida en familia, con condiciones de bienestar y desarrollo integral”.
De igual forma, explica que cada gobierno ha sido omiso en atender la desintegración familiar por causa de la migración de al menos uno de sus integrantes que viajan a Estados Unidos para trabajar cuando la separación de las familias trae consecuencias psicoemocionales en el ámbito privado y familiar: trastornos emocionales, drogadicción, alcoholismo, abusos físicos y psicológicos.
De ser adoptada esta iniciativa, se podrá conocer las condiciones de las familias de 13 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos, cuántas son y qué necesitan.
Explicó que conforme a la información del Banco de México, en el 2018 se contabilizó un total de 33 mil 480 millones de dólares recaudados por concepto de remesas, en 2019 se cerró con 36 mil millones de dolares, y en diciembre de 2020 se obtuvieron 40 mil 606 millones de dólares. Los migrantes mexicanos envían en promedio a nuestro país 321 dólares al mes por concepto de remesas.
“Si consideramos que el gobierno de México recauda fondos a través del cobro de impuestos, principalmente el 16% del I.V.A., podemos decir que alrededor 130 mil 596.6 millones de pesos de ingresos al erario público se obtienen de manera indirecta de las remesas”.
Además, explicó que las empresas como Western Union cobran un 7.49% de comisión por cada envío menor a 1000 dólares que se hace a México, esto quiere decir que por un envío de 300 dólares (2,925 pesos mexicanos), se cobran alrededor de 22.47 pesos, lo cual representa un valor total de 57 mil 691 millones de pesos; casi el 50% al monto total que el gobierno recaudaría a través del cobro de impuestos.
“Todo esto hace notar que las remesas se han vuelto recursos mal distribuidos, al estar enfocados en el consumo y no en la inversión de proyectos productivos que permitan a las familias hacer crecer sus ingresos al margen de los recursos enviados por sus familiares en Estados Unidos”.
También parte de la iniciativa es la creación del Programa de Atención a Familias Mexicanas con Migrantes en el Exterior tomando en consideración la legislación vigente en materia de los derechos de los trabajadores migrantes y sus familias.
El planteamiento inicial es que el programa sea operado por la Secretaría del Bienestar por el que se conduzca la política para las familias mexicanas que residan en territorio nacional y que cuenten con al menos un integrante viviendo en el extranjero, que tenga como objetivo inhibir la migración de los connacionales al extranjero, fortalezca el tejido social e impulse el auto sustento con el desarrollo regional y nacional de los territorios donde residen las familias mexicanas con migrantes en el exterior.
EGO