Democratizar las prácticas legislativas y transparentar la toma de decisiones a fin de dar a conocer la importancia y el impacto de ese trabajo en la vida cotidiana son algunos de los objetivos del programa Parlamento Abierto, de la organización Fundar.
Guillermo Ávila, investigador del programa de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción del organismo, señaló que el programa está enfocado en el poder legislativo con el propósito de hacer más democrática la forma en que desempeñan las funciones los diputados y senadores.
Desde la discusión y aprobación de leyes hasta la negociación presupuestaria y la forma en que se relacionan con la sociedad y cómo se difunden las decisiones son los contenidos del programa de Fundar.
Desde 2016 el congreso de Nuevo León acordó con organizaciones de sociedad civil como Fundar y Redes Quinto Poder colaborar para convertirse en un parlamento abierto, transparente y que garantice el acceso a la información, incluya la participación ciudadana sustantiva en sus funciones, rinda cuentas y utilice las tecnologías de la información.
El colectivo busca explicar qué es un parlamento abierto a partir de casos concretos y pretende ampliar la difusión del trabajo que realizan, por lo que esperan contribuir al interés y conocimiento de más personas en asuntos públicos.
Ávila aseguró que esta iniciativa es una forma de combatir la corrupción al tener menor espacio para que esas decisiones se tomen de manera discrecional o con intereses particulares que nada tienen que ver con el interés público.
El investigador explicó que abrir el Congreso significa transparentar, participar e influir, dado que se incorporan más visiones de diferentes grupos sociales, las cuales son distintas a las que participan cuando se hace una ley: “La costumbre es que las leyes solo las discuten o las aprueban los legisladores sin ningún tipo de consulta de grupos externos”.
En septiembre pasado, el presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, mencionó que San Lázaro entraría en un sistema de Parlamento Abierto, donde se trasparentarían todos los actos de la institución.
Con la adopción de este modelo, los legisladores pueden tener mejores aportaciones técnicas, pues pueden invitar a especialistas en los temas; sin embargo, esto no es lo más importante, sino que a partir de estas prácticas se puede reducir la desconfianza de la ciudadanía.
“La participación, lo que promueve, es que las decisiones sean más incluyentes y reflejen de mejor forma las inquietudes que nos preocupan más”, dijo el especialista.
Baja California es otro ejemplo donde se han organizado varios foros de consulta, mientras que en Quintana Roo se ha elaborado un proyecto de ley con la participación de amplios sectores de la sociedad civil.
“Cuando las comisiones dictaminan las iniciativas para convertirlas en ley, ahí también podría aprovecharse la participación ciudadana, hay experiencias donde se invita a especialistas y a la población que puede ser afectada con dicha ley”, concluyó.
bgpa