Para que los delitos en contra de especies de flora o fauna silvestres, terrestres o acuáticas se persigan de oficio por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la diputada del PRD, Edna Gisel Díaz Acevedo, presentó una iniciativa que reforma el artículo 420 Quáter del Código Penal Federal.
El documento enviado a la Comisión de Justicia, menciona que actualmente el Código Penal Federal prevé expresamente que la Profepa, en su calidad de representante social, formule querella en los delitos cometidos en contra de la gestión ambiental, lo cual, permite otorgar el perdón de manera discrecional al infractor sin restaurar el daño causado, directa o indirectamente, a la sociedad y a su ambiente.
La iniciativa argumenta que México cuenta con sistemas megadiversos en cuanto a flora y fauna a nivel mundial; concentra el 70 por ciento de la variedad de plantas presentes en el planeta, razón por la que “tenemos la obligación de cuidar y proteger al medio ambiente coadyuvando en la denuncia de los delitos”.
Cifras de Global Witness revelan que en 2018 fueron asesinadas 14 personas defensoras de la tierra y del medio ambiente, lo que posiciona a México como el sexto país más peligroso para este tipo de activistas.
Además, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), precisó que, por delitos del fuero común, a septiembre de 2019, se abrieron mil 541 carpetas de investigación en las 32 entidades federativas por violaciones cometidas contra el ambiente y la gestión ambiental.
Añadió que cinco entidades concentraron el 81.8 por ciento de las carpetas iniciadas. La lista la encabeza la Ciudad de México, con 650; Estado de México, 356; San Luis Potosí, 97; Veracruz, 86; y Michoacán, 72.
En contraste, en el ámbito federal, la distribución de los delitos cometidos contra del ambiente y la gestión ambiental es menos drástica. En 2019 iniciaron mil 144 carpetas en el fuero federal, donde cinco entidades concentran el 36.8 por ciento: Estado de México (95), Michoacán (89), Chiapas (87), Jalisco (77) y Oaxaca (73).
“La disparidad en la concentración de dichos números podría ser considerada como consecuencia de la cifra negra en el fuero común, ya sea por desestimación de la denuncia, negativa a iniciar una carpeta de investigación, por lo que las cifras no reflejan la realidad del delito contra el medio ambiente en el país”, expone la iniciativa.
Díaz Acevedo detalló que eso implica un obstáculo para la procuración de justicia ambiental, ya que la investigación de estos delitos implicaría lograr una carga probatoria que permita una sanción, pues la misma requiere de una investigación continua que refleje las capacidades del Ministerio Público para vincular a proceso y obtener una sanción.
Agregó que la reparación del daño por los delitos ambientales no puede limitarse a retribuciones monetarias, sino a la creación de una industria responsable con el medio ambiente, con las comunidades que han sido vulneradas y una reparación del daño que integre las repercusiones intergeneracionales.
JLMR