El grupo legislativo del PRI en el Congreso del estado presentó ante la diputación permanente una iniciativa que reforma la Ley de Seguridad Pública para el estado de Hidalgo en su artículo 56 para que se establezcan los lineamientos para la remoción o cese de policías en funciones cuando incurren en casos de abuso de autoridad.
De acuerdo con la propuesta, la remoción y cese debe ser por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones; por incurrir en faltas administrativas graves y por incurrir en delitos por hechos de corrupción.
En esta propuesta, explicó el diputado local tricolor, Roberto Rico Ruiz, “nuestro grupo legislativo tiene como meta clara hacer frente a la corrupción y atacar la impunidad que reclama día a día la ciudadanía como un mal generalizado”.
“No queremos policías que abusen de su ejercicio sin tener un castigo ejemplar ya que su función es preservar el Estado de Derecho y evitar a toda costa el cáncer que corroe a México”, señaló Rico Ruiz.
El diputado priista informó que “habremos de erradicar la arbitrariedad con que se conducen algunos malos elementos de las corporaciones policiales, así como el uso excesivo de la fuerza y el extralimitarse en el ejercicio del encargo de quienes integran las instituciones policiales, nunca más el uso excesivo de la fuerza pública que se comete en contra de los ciudadanos, como lo recientemente ocurrido en la capital del Estado”, precisó.
Rico Ruiz enfatizó que “el Grupo Legislativo del PRI reprocha los actos de violencia con los que actúan elementos de seguridad publica en cualquier región del Estado, y seguiremos buscando mecanismos a través de mejorar las normas que impacten en la vida de la población”.
Rico Ruiz explicó que “este proyecto de reforma pretende reconocer de manera clara a quienes integran las instituciones policiales en su carácter de servidores públicos, lo que da la pauta de contribuir a robustecer y eficientar el sistema nacional y estatal anticorrupción”.
Finalmente, el diputado del GLPRI resaltó que “quienes incurran en faltas administrativas graves, previstas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y así lo determine la autoridad judicial competente, por haber incurrido en hechos constitutivos de delitos de corrupción, conllevará a la remoción o cese del servicio”, concluyó.