Debido a los incrementos desmesurados de rentas y las malas condiciones de las viviendas, el Congreso mexiquense analiza una iniciativa de ley para modificar el Código Civil y la Ley de Vivienda de la entidad para topar los aumentos del arrendamiento al nivel de la inflación y obligar al arrendatario a otorgar todos los servicios, pues 24.3 por ciento de las casas en alquiler tienen diversas carencias para ser plenamente habitables.
El autor de la iniciativa, el diputado Octavio Martínez Vargas, indicó que el objeto de la propuesta es reconocer en el ámbito legal el derecho a la vivienda en todas sus formas, incluyendo el arrendamiento con condiciones dignas, asequibles y seguridad de tenencia.
Las cifras que existen, aseguró, obligan a plantear una política pública sobre el tema, pues el Inegi revela que las familias con vivienda rentada deben destinar 32.6 por ciento de sus ingresos a este tema, dejándoles muy limitados para cubrir necesidades básicas. “Y si a eso se suma que entre 15 y 17 de cada 100 hogares rentan, pues cuatro de cada 10 personas no cuentan con una vivienda propia y al menos 80 por ciento de la población no tiene posibilidades de hacerse de una propiedad para habitar”.
Los cambios
Entre los textos que quiere agregar al Código Civil está un párrafo donde se establece que, en caso de tratarse de arrendamiento de bienes urbanos destinados a casa habitación, deberá realizarse un registro especial ante el Sistema Estatal de Vivienda, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura.
En las obligaciones del arrendador, agrega una fracción para establecer que, si el inmueble es destinado a casa habitación, se debe procurar que cuente con los servicios básicos para asegurar su habitabilidad, y pide incluir en el contrato el monto de la renta, lugar, época del pago y la mención expresa de que el incremento de la renta será igual o menor a la inflación reportada por el Banco de México en el año inmediato anterior, no como actualmente señala la ley, que no podrá excederse de 10 puntos porcentuales.
Tratándose de arrendamientos de bienes inmuebles urbanos destinados a casa habitación, el arrendador deberá comunicar siempre por escrito al arrendatario, con una anticipación mínima de 90 días naturales, su voluntad de dar por terminada la relación y la obligación de desocupar el inmueble una vez cumplido el plazo del contrato; lo mismo pasa para el arrendatario.
También se consideran modalidades de subsidios a la población que no tenga acceso al financiamiento hipotecario para cubrir su derecho a la vivienda, mediante la figura de arrendamiento, la obligación de registrar el contrato en un plazo no mayor a 30 días hábiles y no podrá ser público o darse a conocer, salvo mandato judicial.
En la exposición de motivos, el diputado Octavio Martínez subrayó que la vivienda constituye un derecho humano fundamental indispensable para el pleno ejercicio de otros derechos como la salud, la educación, el trabajo, la seguridad y la vida digna; su reconocimiento no se agota en la posibilidad de acceder a una vivienda en propiedad, sino que comprende todas aquellas formas legítimas de tenencia que permitan a las personas habitar un espacio adecuado, seguro, asequible y con estabilidad jurídica.
Datos
De acuerdo con la información del Censo Nacional 2020 del Inegi, 65.1% de las viviendas particulares habitadas son propias y 17.6% son alquiladas.
La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de Hogares indica que 15.7% de los hogares vive en arrendamiento; mientras 10.4% cuenta con una vivienda propia con crédito en proceso de pago.
La Encuesta Nacional de Vivienda 2020 revela que aproximadamente cuatro de cada 10 familias no habitan en vivienda propia y la adquisición de viviendas es inaccesible para 80% de las familias con menores ingresos.