Asesinatos, secuestros, agresiones, amenazas, etcétera. El think thank Laboratorio Electoral ha publicado, en colaboración con la Embajada Británica en México, un protocolo para prevenir, atender y sancionar casos de violencia electoral en el país.
Mientras las autoridades electorales mexicanas se preparan para la elección congresional en los estados de Coahuila y Veracruz, y en 2027 las elecciones estatales intermedias y de la Cámara de Diputados, la organización ha hecho una serie de recomendaciones a partir de un minucioso análisis de otros hechos de violencia electoral desde 2018, cuando comenzaron a analizar procesos electorales en el país.
Arturo Espinoza Silis, fundador del Laboratorio Electoral, recordó durante la presentación del protocolo en la sede de la Embajada Británica en México, en la capital, que los candidatos más vulnerables son siempre los que compiten en el ámbito local y que, normalmente, la violencia se concentra en la recta final y los días posteriores a la elección, cuando comienzan a salir los virtuales candidatos electos.
Además recordó que la violencia afecta en el éxito democrático del proceso electoral: “cae hasta el 7 por ciento de la participación electoral en los estados con más hechos de violencia.”
Para el nobel proceso de elección judicial, recordó que se registraron 18 casos de violencia, entre las que hubo con 7 agresiones directas, 6 amenaza y un secuestro en los estados de México, Guanajuato y Tamaulipas.
Aunque, reconoció, hay una cifra negra pendiente: “de más de la mitad de los casos no nos enteramos.”
Además, recordó que los candidatos que se postularon durante el proceso electoral tenían dos puntos menos a favor que cuando se trataba de una elección política: no contaban con el andamiaje de un partido político que los respaldara y no estaban acostumbrados al jaloneo, y menos a amenazas o agresiones, que cada vez son más comunes durante las elecciones en México, que cada vez más tienen tintes criminales: “el crimen organizado podría infiltrar la elección judicial”, dijo el especialista.
Así, para la elaboración del protocolo, el Laboratorio Electoral utilizó diversas fuentes informativas como mapeos documentales y normativos, sentencias judiciales, protocolos de atención en otros países, informes y diagnósticos de organismos y entes especializados en el tema electoral. Y el primer punto es, por supuesto, atender la preparación del proceso electoral.
“La etapa preventiva es la más importante, como siempre lo hemos defendido, antes de una elección todos los juzgadores y todos los candidatos deben de conocer las reglas y el terreno”, dijo Espinoza Silis.
En este proceso, el protocolo recomienda la elaboración de un mapa de riesgos para el candidato, definición de competencias de las autoridades que podrían responder a una denuncia o ante algún hecho de violencia y el impulso de la educación cívica.
La segunda etapa es la de precampañas o inicio del proceso electoral, donde se recomienda capacitar a aspirantes en materia de seguridad y la publicación de normas, protocolos y lineamientos de acción.
Durante la etapa de campañas, la tercera para el protocolo, se recomienda mejorar la coordinación interinstitucional: “lo más importante en esta etapa es reforzar los trabajos de coordinación de las autoridades competentes, garantizar la correcta aplicación y operatividad de los protocolos y que, en caso de presentarse casos de violencia electoral, se completen las etapas de investigación de los casos y, cuando corresponda, se hagan públicas las sanciones”, se lee en el documento.
Finalmente, para la etapa post jornada electoral, se recomienda dar protección al proceso de transición para los candidatos ganadores, especialmente cuando se trata del proceso judicial. Y finalmente un proceso de reparación del daño para candidatos víctimas de violencia electoral, como garantías de restitución, compensación y no repetición.
El protocolo completo y detallado, publicado en https://violencia.laboratorioelectoral.mx/wp-cont, establece acciones específicas como la elaboración de un semáforo de riesgos para las diversas zonas del país a partir de informaciones verificable que, a su vez, permita la elaboración de protocolos generales y particulares para los candidatos.
También establece un modelo de red para la atención de estos delitos que permita centralizar la información de las denuncias y aplicar modelos de atención y respuesta establecidos para cada tipo de violencia.
Otra propuesta es la integración de expedientes judiciales a partir de tipos específicos de violencia que, a su vez, sean investigados por unidades especializadas. Los tipos de violencia propuestos son: física, coercitiva, estratégica y digital.
Así, siendo que el Espinoza Silis advierte una falta de interés de los partidos políticos en prevenir y atender los hechos de violencia electoral, fuera de utilizarlos políticamente, y con las autoridades judiciales dejando de atender la situación, el especialista reconoció que la autoridad electoral podría también asumir la elaboración, y mejoramiento, del protocolo contra la violencia electoral.
SNGZ