La bancada del Partido del Trabajo (PT) en la Comisión Permanente presentó reformas de ley para que la desaparición de poderes en una entidad federativa se declare cuando se desconozca el paradero o localización con plena certeza del gobernador o, no ejerza sus funciones y responsabilidades de manera pública y notoria en un lapso de 5 días.
La iniciativa de Geovanna Bañuelos, coordinadora del PT en el Senado, y de su compañero Miguel Ángel Lucero Olivas, tiene como propósito otorgar una mayor precisión y certeza al texto del artículo 2 de la Ley Reglamentaria de la fracción V del artículo 76 de la Constitución Política.
Los petistas proponen la comparecencia presencial del gobernador, para comprobar que está localizable y en caso de no presentarse “personalísimamente”, se entenderá que abandonó el ejercicio de sus funciones sin que medie una causa de fuerza mayor.
Precisan en su propuesta que no se considerarán como causales de fuerza mayor los procedimientos que ejerzan las autoridades de procuración e impartición de justicia, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de las autoridades migratorias.
Así como cualquier otro acto de autoridad que tenga por objeto mediato o inmediato deslindar responsabilidades.
También proponen reformar a la fracción XXIII y adicionar las fracciones XXIV y XXV de la Ley de Amparo, para que este sea improcedente en los siguientes supuestos: Cuando el Senado de la República, la Cámara de Diputados o la Comisión Permanente soliciten la comparecencia de cualquier persona funcionaria pública de cualquier orden de gobierno, en el supuesto de que exista una orden de aprehensión o investigación en curso en su contra.
Además, cuando el Senado declare la desaparición de poderes de alguna entidad federativa
Los legisladores recordaron que de 1879 a 1975, la declaratoria de desaparición de poderes se ha aplicado en 63 casos. Los años más importantes fueron 1920 con nueve declaratorias; 1935 con siete; 1924 y 1927 con cinco, y 1931 con cuatro declaratorias.
Hicieron referencia al caso de Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas y señalaron que el 19 de mayo la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una orden de aprehensión en su contra por la probable comisión de los delitos de delincuencia organizada y uso de recursos de procedencia ilícita.
Consideraron que, dado que el gobernador tamaulipeco no ha aparecido en público y no se ha presentado de manera voluntaria a declarar sobre las imputaciones en su contra ante la autoridad, la posibilidad de que se encuentre prófugo de la justicia se incrementa.
JLMR