Mientras la diputada Lilia Aguilar aseguró que el nuevo Fondo de Pensiones para el Bienestar, aprobado el lunes en la Cámara de Diputados, garantiza el derecho de los trabajadores a tener una pensión digna, el diputado Santiago Torreblanca, del PAN, acusó que la creación del fondo atenta contra el derecho de las personas mayores a tomar decisiones financieras al retirarle los ahorros de sus cuentas.
En una mesa de debate con Selene Flores, para MILENIO Televisión, ambos legisladores discutieron sobre los beneficios y los perjuicios que dicho fondo acarrea con su creación.
La diputada del PT aseguró que la creación de este fondo es un compromiso del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para garantizar una pensión digna a los trabajadores y que servirá para que, a su retiro, puedan recibir un salario de 16 mil 700 pesos como tope máximo, que es el salario promedio registrado en el IMSS.
“Estamos generando un derecho en beneficio de los trabajadores, es un derecho para mejorar”, argumentó.
“Las afores tienen dinero que no les pertenece, les pertenece a los trabajadores y ya se había hecho una reforma en 2020 para decir que este dinero que los trabajadores no habían reclamado antes, pasara al IMSS, que es quien tiene el dinero de tu seguro, del mío, o el Fovissste”, añadió.
“Esto es un derecho que tiene que ver con la seguridad social de los trabajadores, que no es derecho privado, sino público”, dijo.
Aguilar negó que se estén confiscando las afores o se estén requisando los ahorros.
“No es cierto que se están confiscando las afores, no es cierto que están trayendo el dinero privado, eso es una alucinación de la oposición; será para los trabajadores que han cumplido 70 años y no tienen relación activa”, dijo.
En contraste, el diputado Torreblanca, del PAN, aclaró que la reforma aprobada el lunes no menciona todavía el monto de los 16 mil 700 pesos como salario promedio para los jubilados, sino que esa cifra está en otra iniciativa del presidente López Obrador que aún no se discute ni se aprueba.
Explicó que lo que se creó fue un fideicomiso público para pagar las pensiones de “la generación afore”, que son los trabajadores que comenzaron a ahorrar después de 1997.
“La verdad no creo que alcance, pero sino alcanza, el Estado tiene la obligación de pagarlo”, dijo.
Lo polémico de la reforma es que dicho fondo se financiará, de entre otras fuentes, con cuentas de trabajadores de más de 70 años que no tengan una relación laboral.
“Las van a sacar de la afore y las van a mandar al fondo”, lamentó.
Dijo que, aunque sí habrá obligación de dar aviso a esas personas, no se les estará preguntando si están de acuerdo.
“¿De qué sirve darle el aviso si no le estás preguntando? Eso atenta contra la libertad de la toma de decisiones financieras”, lamentó.
El panista consideró que la reforma que crea dicho fondo se hizo a las carreras y que, de haberse hecho antes, pudiera haberse logrado “con menos atropello y hubiéramos podido llegar a un consenso”.
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