La Auditoría Superior de la Federación determinó que el ISSSTE efectuó contratos de compra de medicamentos sin contar con la documentación requerida; compro carros camilla cuyo origen se desconoce, compró aparatos que carecen de póliza y en absoluto corrige el problema de seguir usando equipos viejos, con humedad, con lo que se atiende a los pacientes.
"Los 12 contratos firmados por el ISSSTE con la industria farmacéutica por 2 mil 807 millones 244 de pesos a través de adjudicaciones directas, y otros 17 adicionales por 1 mil 828 millones de pesos por licitaciones públicas, no contaron con la documentación completa y tampoco se incluyeron la totalidad de medicamentos adjudicados".
En el informe de la cuenta pública, la ASF dictaminó que el ISSSTE compró medicamentos pero sufrió de desabasto de antirretrovirales en las clínicas de atención de pacientes con Virus de Inmunodeficiencia Humana.
“Hubo atrasos de hasta 66 días en la entrega de medicamentos por parte de proveedores, y el ISSSTE no rescindió los contratos debido a que podría incrementarse el precio, así como por contar con un único proveedor para suministrar ciertas claves de medicamentos".
Además, la planeación y programación de los bienes y servicios del ISSSTE no cumplieron con los requisitos previstos en la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su reglamento y las Políticas Bases y Lineamientos, ya que se detectaron bienes y servicios que no se incluyeron en el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, y que no contaron con la investigación de mercado.
“Los expedientes de los contratos y convenios no contienen la información completa que respalde los procesos de contratación, ya que carecieron, entre otros documentos, de la acreditación de la aplicación de los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez; la necesidad del bien o servicio; la suficiencia presupuestaria para cubrir el compromiso de pago; y el estudio de mercado con el que se asegurara al Estado las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad”.
Tampoco contó con la documentación soporte sobre el retiro y destino de las 507 camas y los 151 carro camillas usados del Hospital Regional 'Adolfo López Mateos', Hospital General 'Darío Fernández' y 'Hospital General de Tacuba', que fueron sustituidas por las adquiridas.
Sobre los 48 equipos de las unidades médicas visitadas, la ASF determinó que no tienen asignado un número de inventario. No presentó la fianza para la partida 1 del ejercicio 2018, y tampoco se entregó la póliza de responsabilidad civil correspondiente al 20% del monto total del contrato.
“En una unidad radiológica, al segmento de fluoroscopia le falta un implemento llamado cortina que impide su utilización desde hace seis años. Además, las condiciones del lugar en el que se encuentran los equipos médicos son deficientes, ya que falta iluminación y pintura, presenta indicios de humedad, por lo que requiere una rehabilitación general en el área”.
Pero además, los trabajos de mantenimiento a los equipos generadores de vapor, generadores de presión de agua y tratamiento de agua, contratados con la empresa Cimentaciones e Ingeniería Hidráulica S.A. de C.V., no se realizaron conforme a lo que se indicaba en la bitácora; se realizó un pago indebido por 921 mil pesos.
De igual forma, la ASF comprobó que el ISSSTE no verificó la autenticidad de los comprobantes, lo cual repercutió en que 23 facturas por 284.8 mil de pesos, como comprobantes de los gastos por la inhumación o cremación de un pensionista directo o deudo a la persona, no se encontraran en los controles del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
La entidad tampoco justifico el pago de 32 casos de prestaciones económicas distintas de pensiones y jubilaciones seleccionadas por 3 millones 733 mil pesos.
“La entidad fiscalizada no cuenta con los controles suficientes y adecuados para resguardar su información, ya que no localizó 11 expedientes que se le solicitaron, por lo que careció de evidencia que acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa para el otorgamiento de la prestación correspondiente”.
AE