La Auditoría Superior de la Federación (ASF) informó que la empresa Exportadora de Sal que maneja el gobierno federal no aclaró el destino de 692 millones 493 mil 248 pesos en 2020.
En la Cuenta Pública 2020, la ASF indicó que el universo por 2 mil 685 millones 264 pesos reportados en el estado de actividades al 31 de diciembre de 2020, contenido en la cuenta pública 2020, correspondió a los ingresos por la venta de bienes, prestación de servicios, ingresos financieros, otros ingresos y beneficios varios.
De los cuales indicó se revisaron 2 mil 493 millones 919 pesos, que corresponden al 92.9 por ciento del universo. En tanto que, el universo de egresos por 2 mil 749 millones 575 pesos, correspondió al pago de servicios personales, materiales y suministros, servicios generales, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, e inversión pública, de los cuales se revisaron un millón 506 mil 254 pesos, que representan el 54.8 por ciento del universo.
“Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar que los recursos públicos federales administrados por la persona moral Exportadora de Sal se hayan ejercido, registrado y comprobado conforme a las disposiciones legales y normativa aplicables, se concluye que en términos generales, no ejerció los recursos públicos federales que tenían bajo su administración. Donde los montos por aclarar se determinaron en 692 millones 493 mil 248 pesos pendientes por aclarar”, afirmó.
Destacó que con base en los criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas, se realizaron pagos de bienes y servicios de ejercicios fiscales anteriores sin que estos estuvieran previamente registrados y autorizados.
“Asimismo se clasificaron y pagaron con cargo a partidas presupuestarias que no guardan relación con el objeto de lo contratado; vendieron sal sin contar con los instrumentos jurídicos mercantiles correspondientes, además se pactaron precios menores a los autorizados por el Consejo de Administración; por otra parte, no llevó a cabo un adecuado control de inventarios; se hicieron pagos de nómina por encima de los límites, plazas y categorías no autorizadas, y por más días de los posibles al mes”, argumentó.
Destacó que la mayoría de los contratos, se adjudicaron con base en las excepciones a la licitación pública, sin cumplir con la normatividad aplicable; no se acreditó con documentación justificativa y comprobatoria la ejecución de los bienes y servicios, arrendamientos y obra pública, y se observaron bienes pagados que no tuvieron utilidad alguna para la entidad.
“Las debilidades en los instrumentos de gobernanza y control interno de la Empresa Exportadora de Sal, limitó la eficacia y eficiencia de sus operaciones lo que propició la conformación de condiciones favorables para la discrecionalidad en la adopción de decisiones, la falta de certeza y transparencia de las operaciones, y la materialización de riesgos”, afirmó la ASF.
dmr