Las nuevas leyes de transparencia, con las que se extingue el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la noche de este jueves, a unas horas de haber sido votada en el pleno de la Cámara de Diputados.
El decreto entrará en vigor este viernes. Con dicha ley también se publicaron las nuevas leyes en materia de protección de datos personales.
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Con la publicación del decreto, la nueva autoridad garante federal a partir de este viernes será la institución denominada Transparencia para el Pueblo, que será un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
La persona titular de dicha institución deberá ser nombrada por la presidenta Claudia Sheinbaum.
A partir de ahora, el pleno del INAI deberá integrar un Comité de Transferencia conformado por los comisionados y 11 personas servidoras públicas del mismo, con al menos el nivel de Dirección de área o equivalente.
El Comité de Transferencia estará vigente por un periodo de 30 días naturales, en el que sus integrantes participarán con las nuevas autoridades competentes para recibir la información y bienes en posesión del INAI.
A partir de mañana, la presidenta de la República tiene 90 días naturales para expedir las adecuaciones correspondientes a los reglamentos y demás disposiciones aplicables, incluida la emisión del Reglamento Interior de Transparencia para el Pueblo.
¿Cuáles son las facultades de 'Transparencia para el Pueblo'?
'Transparencia para el Pueblo' es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, el cual tendrá las atribuciones que las demás autoridades garantes.
Resolverá recursos de inconformidad que interpongan las personas particulares, en contra de las resoluciones emitidas por las otras autoridades garantes federales o de las entidades federativas, siempre y cuando la solicitud se encuentre relacionada con el uso de recursos públicos federales.
También se le otorga la atribución para elaborar y presentar un informe anual de actividades y de la evaluación general en materia de acceso a la información pública del país.
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