Por corrupción, en la mira cinco ex secretarios

La Fiscalía Anticorrupción tuvo un año ocupado. Cinco ex secretarios estatales se encuentran bajo investigación de la dependencia encabezada por Gerardo Ignacio De la Cruz Tovar, por diversos delitos, entre ellos Antonio Cruces Mada, quien faltó en dos ocasiones a la audiencia ante el juez y, en una ocasión, fue detenido y liberado; finalmente el 4 de diciembre fue vinculado a proceso.

Doce agentes de la Fiscalía Anticorrupción acudieron al domicilio de quien fuera titular de la Secretaría de Salud Jalisco el pasado 13 de noviembre y lo detuvieron para presentarlo ante el juez que lo requería, sin embargo fue puesto en libertad ocho horas después. Su abogado, Luis Campos, recordó que cuenta con un amparo.

La Fiscalía Anticorrupción argumentó que el recurso que presentó quien fuera funcionario durante la administración de Aristóteles Sandoval Díaz era ilegal y excluía a esta dependencia, por lo que procedieron a la aprehensión.

La denuncia contra Cruces Mada es por faltantes y errores administración en su gestión que ascienden a 605 millones de pesos. La Fiscalía Anticorrupción de Jalisco abrió 12 carpetas por diversas querellas contra la Secretaría de Salud, tras una denuncia del Ejecutivo estatal por irregularidades como la compra de equipo de videovigilancia que no fue entregado, nombramientos duplicados en la nómina y un contrato para almacenamiento, transportación y vacunas por casi 400 millones de pesos, además del hallazgo de medicamentos caducos.

Los delitos por los que es investigado son enriquecimiento ilícito, ejercicio indebido de funciones y abandono al servicio público, abuso de autoridad y delitos cometidos en guardia y custodia de documentos. La primera carpeta se abrió el 27 de septiembre de 2017, y la última el pasado 24 de septiembre. El 23 de octubre compareció en la Fiscalía Anticorrupción, en donde el Ministerio Público le hizo del conocimiento de sus derechos y le informó de las imputaciones que le realizaría. Cruces Mada cuenta con al menos una veintena de amparos promovidos en juzgados de Distrito para evitar los procesos en su contra.

La Contraloría de Jalisco tiene en curso 32 procedimientos más contra exfuncionarios de la Secretaría de Salud estatal. La contralora estatal, María Teresa Brito Serrano, informó que los funcionarios señalados han presentado declaraciones y han mostrado disposición para dar seguimiento a los procesos administrativos que los involucran.

Tres ex funcionarios de Salud Jalisco fueron vinculados a proceso el 9 de diciembre , acusados de desvío y aprovechamiento indebido de atribuciones y facultades.

Los señalados son Jaime Agustín “N”, ex titular del OPD Servicios de Salud Jalisco; José Luis “N”, ex director general de Administración, y Luis Daniel “N”, ex director de planeación; mientras que a Miguel Ángel “N”, ex director de administración del organismo, se le determinó no vinculación.

Tres en uno

Miguel Castro Reynoso, Salvador Rizo Castelo y Daviel Trujillo Cuevas, quienes se desempeñaron como secretarios de Desarrollo e Integración Social en la pasada administración, fueron vinculados a proceso luego de más de diez horas de audiencia celebrada el pasado 14 de octubre, luego de que se suspendiera el 9 de octubre.

El Juez Quinto de Control, Juan Paulo Dávalos Navarro, consideró que los agentes del Ministerio Público aportaron los elementos suficientes para considerar a los señalados como probables responsables del delito de uso indebido de funciones y atribuciones en agravio de la sociedad y la extinta dependencia estatal.

Como medida cautelar, para evitar que evadan la acción de la justicia, el juzgador determinó el resguardo en el propio domicilio de los imputados, la prohibición de salir del país y presentarse periódicamente a firmar para comprobar su arraigo en la ciudad.

Durante la audiencia el juez ofreció a los abogados solucionar el conflicto mediante un método alterno y señaló que la salida más viable podría ser un procedimiento abreviado, es decir, que los tres ex funcionarios estatales acepten su responsabilidad y paguen la reparación del daño fijada por el juez.

En ese momento, Castro Reynoso dijo sentirse “con la conciencia tranquila” y negó tener vínculo familiar o de amistad con los que encabezan las asociaciones civiles beneficiadas con 14 depósitos. El ex candidato del PRI a la gubernatura de Jalisco aseguró desconocer que las asociaciones civiles eran encabezadas por funcionarios públicos, acción que la ley considera como delito.

Castro, Rizo y Trujillo son señalados por presuntamente haber otorgado 5.7 millones de pesos a 13 asociaciones civiles, las cuales tenía entre sus integrantes a servidores públicos, durante el tiempo que estuvieron al frente de la Secretaría.

La próxima audiencia será el 14 de enero de 2020; en caso de ser encontrados culpables podrían enfrentar una pena de 3 años a 12 años de prisión, aunque se pueden acoger al procedimiento abreviado, opción que ya fue planteada por el juez que lleva la causa.

Proceso en libertad

La tarde del 21 de agosto, Antonio Gloria Morales, ex titular de Políticas Públicas del Gobierno de Jalisco, en la administración de Emilio González Márquez, fue liberado tras pasar 16 días tras las rejas en el Reclusorio Preventivo de Puente Grande, acusado de peculado, y se determinó que enfrentará su proceso en libertad.

Su acusación, por la presunta compra a sobreprecio de la Casa Jalisco en Chicago, seguirá en pie hasta que el caso se resuelva de fondo.

El también ex secretario de Educación y ex secretario particular de González Márquez, fue detenido el 6 de agosto en su domicilio de la colonia Paseos del Sol, en Zapopan, cuya orden de aprehensión fue otorgada por el Juzgado Décimo Tercero de lo Criminal, y la captura fue concretada por elementos de la Fiscalía del Estado.

El delito por el cual se le detuvo fue: “en perjuicio del extinto Instituto de Fomento al Comercio Exterior del Estado de Jalisco (Jaltrade), del que Gloria Morales formó parte de su Consejo de Administración”, según informó la Fiscalía del Estado.

Posteriormente, el lunes 12 de agosto, se le vinculó a proceso, es decir, en el sistema antiguo, se le dictó formal prisión; sin embargo su defensa solicitó al juez una revisión a las medidas cautelares, en este caso de prisión preventiva y finalmente de le determinó que podría seguir su proceso en libertad, pues de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales, el delito de peculado no exige prisión preventiva de oficio.

El inmueble se encuentra ubicado en el 1600 de la calle West Lake, en Melrose Park, Illinois; el cual se habría comprado en tres millones 500 mil dólares, con un sobreprecio de un millón y medio de dólares sobre el costo real de la casa, indicó la Fiscalía.

En 2016, durante la administración de Sandoval Díaz, la Contraloría del Estado interpuso dicha denuncia, por la adquisición a sobreprecio de Casa Jalisco en Chicago.

Caso Ipejal

Salvador “N”, quien fuera director del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal), fue vinculado a proceso el pasado 30 de octubre, acusado de desvío y aprovechamiento indebido de atribuciones y facultades.

En la audiencia, el juez Javier García Muñoz consideró que el Ministerio Público aportó los elementos suficientes para considerar al exfuncionario como probable responsable de la comisión de estos delitos. El plazo para el cierre de la investigación culmina el 28 de abril de 2020.

Salvador “N” ocupó el cargo de director en dicha dependencia durante las administraciones de los gobernadores Emilio González Márquez y Jorge Aristóteles Sandoval.

El 16 de agosto, Francisco Javier “N” y Salvador “N”, ex directores de Promoción de Vivienda e Inmobiliaria, y Fidel Armando “N”, quien se desempeñaba como director general de dicho instituto, fueron vinculados a proceso, por lo que hasta el 16 de febrero de 2020 deberán firmar cada mes ante el juez y no salir del estado.

SRN​