DOMINGA.– El teléfono vibró. En la pantalla aparecía el número de Toño. Volvió a sonar pero no quería contestar. Respondí al cuarto tono. Esperé lo peor. Su voz era la de siempre, desenfadada, me saludó como era habitual pero no dio más rodeos. Me soltó lo que había pasado: la noche anterior tuvo que disparar a su vecino policía. Lo hizo en defensa propia. Al intentar bajar del Tsuru, vestido de civil, le empujó la puerta y se echó la mano a la cintura. “Sabía que el ruco era malo y malagueño, y dije: de que lloren en mi casa a que lloren en la suya, pues ahí te voy”.
Desenfundó su arma calibre 22 y disparó dos veces hacia la ventana. Abrió la puerta de una patada mientras escuchaba el golpe seco del policía al caer sobre la tierra recién llovida. De pie, vio al policía en el suelo. Le disparó otra vez. Luego otra. Y otra más. Hasta que el policía ya no se movió. Lo había hecho porque lo iba “levantar”, llevárselo por la fuerza. Cuando lo escuchaba, yo no dejaba de preguntarme cómo Antonio Fierro llegó a esto, cómo terminó así el hombre que organizó el agua, la luz y la seguridad de su propia colonia y desafió al gobierno de Jalisco.
Toño, como lo conocían todos, escapó en el Tsuru y fue captado en las cámaras de vialidad. Atrás dejó su casa y a su familia. A la mañana siguiente, recibí un mensaje. Decía que era Toño y que me llamaría para contarme su versión.
El abandono de las autoridades empujó a un puñado de familias a conseguir servicios públicos básicos por su cuenta. Le decían La Peña, por su calle principal, pero el nombre oficial de la colonia es San Juan Corral, en el municipio Tonalá, en las periferias de Guadalajara. Pronto bautizada como el “Rancho Antigobierno”, lo que empezó como resistencia comunitaria llevó a los vecinos a dictar sus propias leyes para terminar incorporado a ese paisaje árido, moldeado por colonos y gobiernos.
Aunque Toño afirmó que a su colonia le faltaba poco para ser “un nuevo Cherán”, sus actos se parecían más a las autodefensas de Hipólito Mora, aunque la cruzada era contra ladrones, no el crimen organizado. El gobierno del priísta Sergio Chávez –por instrucción de la fiscalía del gobernador Aristóteles Sandoval–, organizó diálogos y asambleas vecinales para calmar a la prensa que criticó la justicia por propia mano de los colonos. Pero la utopía no duraría mucho.
Vecinos organizados contra los “rateros”
Una mañana de abril de 2017 me apuré a enviar los reportes matutinos del diario en el que trabajaba y me trasladé a La Peña de Tonalá. Supe por una breve mención en la radio local que, en redes sociales, los vecinos amenazaban con linchar a quienes se atrevieran a robar en su colonia. Con pocas expectativas y con temor, avisé a mi jefa y me subí a una ruta que, después de quince kilómetros, me dejó en una esquina.
A pocos metros del paradero del camión, se extendía una lona. La ilustraban un revólver, una cámara de videovigilancia y un mensaje que decía: “Vecinos organizados. Ratero, si te agarramos no vas a ir a la comisaría. Te vamos a linchar. Nosotros no llamamos a la policía”.
La lona no era una amenaza aislada. Entre 2015 y 2018, municipios metropolitanos como Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco y Tonalá registraron linchamientos con saldo de muertos y heridos. El fenómeno formaba parte de una ola nacional: en el mismo periodo, los estados de Puebla, Estado de México, Ciudad de México y Morelos sumaron 336 linchamientos con 500 víctimas.
Sin rumbo y sin conocer a nadie me metí a una tienda de abarrotes. Le pregunté a la muchacha que despachaba si sabía dónde encontrar al presidente de colonos. Le pedí una entrevista. Me dijo que la esperara y tecleó en su celular. Luego se perdió tras el mostrador. Salí. En pocos segundos gritó: “¡ya viene don Toño!”.
Examiné los extremos de la calle de tierra. Nadie. De frente, a lo lejos, se levanta una cordillera quemada por el calor y que encauza al río Santiago. Un Grand Marquis blanco apareció y se estacionó frente a mí. Se levantó una fina capa de polvo. En la ventana se asomó un hombre robusto con gafas oscuras y bigote.
–Soy Toño, canijo. Vente, vamos a mi casa.
Dudé pero caminé hacia el auto y entré. El coche avanzó entre el crujido de la tierra y los baches. A los lados pasaban postes con cables enredados y casas en obra negra. Por el retrovisor vi desaparecer la única salida en una nube de tierra.
En el trayecto me contó que la colonia instaló las lonas para ahuyentar a los ladrones. “No somos malos ni con las visitas ni con las autoridades”, dijo sin despegar la vista del camino. “Nomás con los rateros”. Dentro de su casa me ofreció una silla mientras hurgaba entre recibos y volantes. En la cocina, su esposa lavaba los trastes. Toño le pidió un par de vasos con agua.
Quedé frente a una pantalla de la que Toño buscaba el control remoto. Lo encontró debajo de unos papeles. Apuntó y después de unos segundos, se activó la cuadrícula de un circuito cerrado. Poco a poco aparecieron varios cuadros: la calle principal con un perro dormido en una esquina que se lanza a las motos que pasan; un alambrado que daba al baldío; la tienda donde me había recogido; los vecinos pasar de regreso de la escuela con sus hijos.
La esposa nos dio los vasos. Permanecimos en silencio. Comenzó a hablar mientras contemplaba las pantallas.
El fraude de un falso fraccionador de lotes
Cerca de 50 familias compraron lotes por al menos 30 mil pesos a un fraccionador en 2009 y pronto echaron cimientos y levantaron cuartos. Poco después se enteraron de que les vendieron tierras ajenas. El fraccionador los había defraudado. Pese al golpe, siguieron construyendo porque no tenían otro patrimonio. Comenzaron a mudarse en 2015 y pidieron servicios al gobierno. Pero los servidores públicos de la Comisión Federal de Electricidad y del Servicio Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado señalaron irregularidades en la tenencia de la tierra, de “paracaidistas” los acusaron, y se desentendieron.
La rapiña vecinal les despojó de materiales. Sin agua ni luz era imposible hacer vida para más de 43 familias dedicadas al comercio informal, como albañilería, otros eran empleados en tiendas y gasolineras. Toño, que trabajaba recogiendo escombro, vio la oportunidad para mejorar su colonia. “Le dije a la raza: vamos organizándonos: con veinte pesitos a la semana por cabeza van a ir saliendo las cosas”, dice.
Empezaba el año 2016. Con las primeras cuotas contrataron maquinaria para cavar fosas sépticas. Para el agua cavaron surcos y tendieron mangueras conectadas a la red pública. Las cuotas subieron a ochenta pesos. Compraron postes, cable y un transformador: lo conectaron a la línea de alta tensión de la Comisión Federal de Electricidad. Toño me mostró un video que grabó ese día. “¡La unión hace la fuerza! Este es uno de los vídeos más chingones: todos los vecinos trabajando para tener el servicio básico de la energía eléctrica con la instalación del transformador”, dijo.
No había sido fácil conseguir servicios aunque fueran clandestinos. Toño lo decía en una mezcla de coraje y orgullo. “El gobierno no sirvió como autoridad, y perdió el control. Como vecinos nos organizamos para tomar lo que le exigimos al gobierno, y que no nos ha querido dar”. Y entonces se le ocurrió bautizar el barrio en Google Maps: “Rancho Antigobierno”.
Un video de linchamiento provocó indignación
Toño y yo salimos de su casa para ver las cámaras colocadas a la orilla del rancho. “Desde la avenida hasta acá nos han dejado cuatro cuerpos. También nos echan carros desvalijados. Antes había mucho robo. Como la policía nunca vigiló, también le entramos a la seguridad”. En 2016 empezaron a comprar armas y cámaras de vigilancia, a través de cuotas semanales, justo como lo hicieron para los postes de luz y las líneas de agua. Toño ya sabía dónde y cómo hacerlo.
El inventario de armas, de cuya adquisición no dio detalles, consistía en calibres de 9, 22 y 38 milímetros, además de “parque”, municiones y armas que Toño concentraba en su domicilio y distribuía antes de las rondas nocturnas o durante alguna emergencia. “La neta, soy muy cabrón para disparar: tengo mucha puta rapidez, practicaba diario el desenfunde, hasta una hora”.
Me contó que una corporación policiaca lo entrenó para allanar casas, carrera en la que no duró demasiado a juzgar por sus cuarenta y pocos años. ¿En cuál corporación? Siempre evitó el tema. Y para cuidar el rancho, dijo, a veces sólo bastaba con amenazar a la gente. “Nomás les gritó que los voy a correr a balazos: ¡aquí se encontró a su padre y lo va a madrear!”
En el Rancho Antigobierno la vigilancia se articulaba en un grupo de WhatsApp. Las lonas eran la primera advertencia.
A principios del mes de abril de 2017, la Policía de Tonalá le pidió a los colonos que quitaran las lonas. Toño le respondió al comandante, casi como ahora lo vi a la orilla del rancho, con las piernas abiertas en compás, los brazos cruzados y la cabeza desafiante. “Con todo respeto, pero no vamos a quitar las chingadas lonas de los muros porque, primero, son propiedad privada. Y segundo, ustedes, como autoridad, no sirven”. El gobierno municipal convocó al comité de vecinos. Fue la oportunidad para exigir los servicios básicos. “Pero no quieren que nos organicemos y, menos, que hagamos justicia por nuestra propia mano”, me dice.
Según Toño, en el rancho había paz. En 2016, dijo, apenas hubo diez robos. Para él, el sistema funcionaba. Poco después, en julio, Toño publicó un video en sus redes sociales: tres vecinos le arrancan la ropa a un hombre que intentó robar, sangraba de la cabeza. En el video el hombre lloraba. Toño bramaba.
–¡Encuéralo! –le ordena a un vecino–. ¡Quítale la camisa!
El hombre suplicaba.
–¡¿Por favor?! ¡Verga! –dijo Toño mientras le quitaban el pantalón.
–¡Esto les pasa a los que se meten a robar al Rancho Antigobierno!
El hombre desnudo corre calle abajo.
Luego de ver el video en Facebook le llamé. Me dijo entonces que cuando hacen justicia por propia mano hay un pacto entre los vecinos. “Nadie ve nada, dice nada, sabe nada”. El episodio dividió a la colonia: el comité mantenía la agenda antigobierno pero, dijo Toño, otro grupo de vecinos se desmarcó de la violencia.
La Fiscalía estatal investigaba la agresión. Anunció que la víctima era un hombre con discapacidad intelectual y se recuperaba en un hospital. Advirtió a los vecinos que tomar justicia por mano propia era delito, haciendo referencia al Artículo 17 Constitucional: “Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho”.
En la sala de su casa, Toño grabó la pantalla donde transmitían la noticia. “Nosotros, mínimo, les damos una putiza para que no se les olvide que en esta colonia estamos bien organizados. El gobierno nomás estorba”.
Días después, el alcalde de Tonalá también llamó a evitar la violencia y reportar los delitos mientras entregaba patrullas y presentaba a cincuenta nuevos policías. Era la manera de las autoridades de mostrar músculo al Rancho Antigobierno. Los vecinos también volvieron a la presidencia municipal y salieron sin acuerdos. Todo esto ocurrió antes de que los enfrentamientos del narco comenzaran en 2017, cuando Carlos Enrique Sánchez Martínez El Cholo se separó del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y formó el Cartel Nueva Plaza. El control del Cholo terminó en 2021 cuando lo asesinaron en el municipio de Tlaquepaque.
En septiembre de 2016 los vecinos bloquearon por varias horas el Periférico de Tonalá como protesta por la falta de servicios. Toño imprimía camisetas del Rancho y continuaba con obras para la colonia, el otro grupo vecinal pactaba con el gobierno: en 2019, se alzaron postes de concreto y afuera de las casas relucían las carátulas de los medidores de electricidad. Las reuniones con los vecinos se hicieron regulares. En tanto, Toño intentaba mantener la recaudación de las cuotas. La mitad de los vecinos, de un día para otro, dejó de aportar. “El gobierno nunca estuvo con nosotros, y ahora nos está quitando lo que hicimos solos”.
Toño pierde el apoyo de los vecinos del Rancho Antigobierno
Era la noche del 29 de junio de 2020. Toño comenzó a discutir con el vecino. Era policía. Primero discutían por las aportaciones vecinales; con el tiempo, llegaron a golpes a la mitad del Rancho. Para Toño, éste sólo buscaba provocarlo, incluso dijo que quería levantarlo, secuestrar o desaparecer por asuntos de los servicios básicos. Pero, consciente de su adiestramiento, se ufanaba: “ese güey no era pieza para mí”.
Luego de los linchamientos de los presuntos ladrones, que llamaron la atención de la fiscalía, Toño perdió presencia ante la comunidad. Además, el grupo contrario del Rancho se reunía con las autoridades con regularidad. Así que Toño perdió atención y cuotas, sólo lideraba a una minoría de vecinos y le quedaba el control de las cámaras de seguridad. Seguía acarreando escombro, su trabajo, y aprovechaba los traslados para rellenar los baches de su calle.
En las bardas de sus aliados renovó las lonas ilustradas con armas. Se leían leyendas: “el pueblo ya está cansado y harto del mal gobierno”; “bienvenidos al Rancho Antigobierno, lugar protegido y conservado por sus pobladores”, entre otras consignas.
El 29 de junio, en pandemia, fue el último día que vigiló el rancho, también el último encuentro con su vecino. “Él me encontró a mí, yo no iba a pasar por su casa. Y me dijo ‘¡qué, culero!’, y yo ‘¡arre, pues un tiro pero ahorita!’. Fue cuando se arrimó y me pateó la puerta”.
La prensa informó que el homicidio ocurrió justo frente a la casa de la víctima en el Rancho. “El agresor acudió a la casa del agente a buscar conflicto. Los hombres discutieron, el causante sacó un arma y le disparó”, publicó la prensa local. El supervisor de la Policía de Tonalá informó que la agresión se debió a problemas vecinales.
“Son problemas de tierra, que la luz, que el agua. Y bueno, llegaron hasta estas consecuencias", dijo el supervisor. La noche del homicidio tomé mi teléfono y busqué el número de Toño. Pero sentí que hablar con él me convertiría en una especie de cómplice. Desistí. Al día siguiente su número apareció en mi pantalla.
Años después, el Rancho Antigobierno cambió de nombre a San José del Corral. Al fondo del barrio, cerca de donde colgaban las lonas, hay un establo. Por las noches venden pajaretes –leche bronca con aguardiente de 96 grados– y cerveza. Los fines de semana, los vecinos rentan terrazas para fiestas. Los robos siguen ocurriendo, según la estadística oficial. Los vecinos no quieren hablar del rancho. Hoy la mirada pública está en una célula del CJNG, en las noticias locales se habla de abandono de cuerpos y riñas. Sin control del Cholo, el cártel volvió a la zona.
En 2025, el gobierno de Tonalá anunció la entrega de 108 títulos de propiedad de los predios irregulares en algunas colonias, entre las que está la zona de El Mirador, donde se asentó el Rancho Antigobierno. Sobre el caso del asesinato, la Fiscalía inició la carpeta de investigación 48774/2020 por homicidio doloso.
Toño sigue prófugo. No volvió a llamarme. Los postes de concreto de electricidad se pierden en el horizonte del barrio. Las calles siguen sin pavimento. A veces, una patrulla se interna en la colonia, sin prisa dando tumbos entre los baches y el polvo.
GSC