En un hecho inédito, los juzgadores federales del país realizaron la primera manifestación pública de su historia para acusar al presidente Andrés Manuel López Obrador y a los senadores de Morena de tratar de ejercer una “clara intromisión” contra el Poder Judicial de la Federación para debilitarlo y, de esa manera, dejar a un lado el sistema de contrapesos que debe existir entre los poderes de la Unión.
Acusaron que se ha querido posicionar “un falso discurso” de que los juzgadores son “privilegiados” y que viven “del abuso del erario”, señalando cantidades excesivas, “como que percibimos más de 600 mil pesos —que no corresponden ni cercanamente a la realidad—, para centralizar como foco de atención un mero asunto de salarios. Nada más falso”.
El magistrado Luis Vega Ramírez, presidente de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, expresó que “en un auténtico régimen de división de poderes, en una democracia fortalecida, como la que permitió este cambio de rumbo, no caben los jueces dóciles, al servicio de nadie; la irreductibilidad salarial no es un privilegio, sino una de las diversas garantías de independencia de la Judicatura”.
Durante un mensaje a medios en las escalinatas del Palacio de Justicia Federal, acción que de manera simultanea se llevó a cabo en 30 sedes judiciales de 25 estados del país, Vega Ramírez dijo que estos intentos por “condicionar” a los juzgadores federales han sido presentados a la opinión pública como “ejercicios modernizadores”, que supuestamente harán más eficiente la impartición de justicia y permitirán ahorros para los ciudadanos; sin embargo, dijo, en el fondo esconden sus verdadera intención: “debilitar el sistema de frenos y contrapesos de nuestra democracia y vulnerar el estado de derecho”.
“El riesgo de mantener campañas de desprestigio contra los juzgadores, haciéndolos pasar por oportunistas que solo buscan el beneficio personal, es el debilitamiento de la confianza ciudadana en sus propias instituciones”, expresó el magistrado.
Ante ello, el titular de la Asociación subrayó que lo que se requiere no es el enfrentamiento ni los señalamientos: “Lo que proponemos es el diálogo, la coordinación y el entendimiento entre poderes dentro del marco de competencias exclusivas, autónomas e independientes, creado por la Constitución para cada uno de los órganos del poder público. El pueblo merece y exige actuar dentro del estado de derecho”.
Dejó claro que la independencia “no es un manto de impunidad”, sino el derecho humano que cada mexicano tiene para que un juez federal lo defienda de los abusos de las autoridades, “porque no puede llamarse democrático un país en donde no haya contrapeso de poderes”.
Vega reiteró que el componente salarial es solo una de las variables que conforman la intendencia judicial.
No obstante, abundó, el conjunto de medidas legislativas que se han emprendido, que incluyen la rotación constante de juzgadores, la aplicación de controles de confianza y criterios de género, así como la designación de los consejeros de la Judicatura por parte del Senado para controlar la administración y disciplina interna, “se dirigen de manera frontal y sistematizada a establecer mecanismos para facilitar la intromisión indebida contra la Judicatura por parte de los otros poderes de la Unión, lo que es injustificable a la luz del principio de la división de poderes”.
Al año, 4.2 mdp a ministros
La Suprema Corte Justicia de la Nación calificó de falsos los señalamientos del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y de senadores de Morena, quienes aseguraron que en el Poder Judicial de la Federación hay servidores públicos que perciben sueldos de hasta 600 mil pesos mensuales.
“Se reitera que es falso que en el PJF alguien gane ni remotamente 600 mil pesos mensuales”, señaló el máximo tribunal de justicia del país, a través de su cuenta de Twitter @SCJN.
Ante esta situación, la Corte puso a disposición del público la tabla de salarios de los integrantes del Poder Judicial de la Federación, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación.
En la tabla se detalla que cada uno de los 11 ministros del máximo tribunal gana 269 mil 215 pesos al mes con todo y prestaciones, lo que suma al año 3 millones 230 mil 580 pesos.
Asimismo, reciben cada año 444 mil 380 pesos por concepto de aguinaldo y prima vacacional, y 554 mil 595 pesos, también al año, por pago de riesgo. Es decir, anualmente obtienen un total de 4 millones 229 mil 555 pesos.
A su vez, los consejeros de la Judicatura Federal tienen un ingreso mensual, con prestaciones incluidas, de 269 mil 215 pesos; al igual que los ministros de la Corte, reciben las mismas cantidades por concepto de aguinaldo y prima vacacional y por pago de riesgo.
En tanto, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación perciben un sueldo mensual de 264 mil 30 pesos.
Mientras que los magistrados de circuito tienen un salario de 145 mil 266 pesos y los jueces de distrito, de 132 mil 431 pesos mensuales.
Funcionarios consultados por MILENIO explicaron que el Poder Judicial de la Federación decidió mantener su proyecto de presupuesto, que adelantó desde septiembre, el cual contempla un recorte presupuestal de 5 mil 72.8 millones de pesos, pero que también mantiene sin cambio los sueldos de los jueces de distrito, magistrados de circuito, consejeros de la Judicatura, magistrados del Tribunal Electoral y ministros de la Corte.
Los tres órganos cúpula del PJF enviaron desde entonces a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público su proyecto de presupuesto para que esta lo incluya en el presupuesto general que enviará a la Cámara de Diputados.
Por tratarse de órganos de otro poder, Hacienda no puede modificar la propuesta que recibió, pues esto es una atribución exclusiva de la Cámara de Diputados.
El Consejo de la Judicatura Federal, encargado de la vigilancia y disciplina de los jueces y magistrados federales, es el órgano que más ahorros generará, porque pretende dejar de ejercer 3 mil 870 millones de pesos.
Numeralia
A las 16 horas de ayer funcionarios judiciales actualizaron el número de amparos promovidos contra la Ley de Remuneraciones.
1056 demandas de amparo
4676 personas las han interpuesto
354 son jueces
386 son magistrados
1579 son secretarios
353 son actuarios
872 son oficiales
738 son externos (Pemex, Cofece, PGR, IPN, CFE, Cisen, INE, SAT y Segob