El gobierno federal acusó a Grupo México de incumplir los compromisos por el derrame de sulfuro de cobre en el río Sonora en 2014; la empresa tiene un plazo de 15 días para contestar el emplazamiento de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
Al respecto, la minera del empresario Germán Larrea descartó haber incumplido los compromisos asumidos para remediar el daño y señaló que los hallazgos de las investigaciones más recientes no deben servir para el conflicto o la proliferación de versiones infundadas.
La empresa aseguró que ha aportado más de 2 mil millones de pesos al fideicomiso constituido, adicionales a los 400 millones de pesos inicialmente previstos.
En un comunicado, Grupo México señaló que el derrame fue atendido oportunamente, con estricto apego a la normatividad oficial, y a la operación del Fideicomiso Río Sonora y bajo las instrucciones y supervisión de la Semarnat, la Profepa y la Cofepris.
En la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador los titulares de las secretarías de Medio Ambiente y Salud, Víctor Toledo y Jorge Alcocer, respectivamente, informaron sobre la situación ambiental en la zona y los problemas de salud que dejó el derrame de metales pesados.
El presidente López Obrador afirmó que en lo que va del año no se ha otorgado ninguna concesión a empresas mineras en congruencia con su política a favor del medio ambiente y mostró una gráfica de “quién es quién en la defensa del medio ambiente” para comparar las concesiones que otorgaron las anteriores administraciones.
La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) analizó por primera vez el agua tomando muestras de 60 pozos y redes de distribución y encontró que la mayoría estaba fuera de norma, por lo que se confirmó que el agua que consumen cada día los pobladores contiene metales pesados que representan un gran riesgo para su salud.
Otro de los hallazgos fue que en la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental de Sonora estaban almacenados mil expedientes “no reconocidos” de pacientes que no fueron atendidos, a pesar de presentar problemas de salud consecuentes con el derrame.
Agregó que la empresa tiene 15 días para contestar el emplazamiento de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente respecto al incumplimiento de los compromisos contraídos desde 2014, cuando ocurrió el derrame de metales pesados.
El funcionario urgió al presidente López Obrador a una reflexión sobre el tema ambiental, toda vez que además del río Sonora, la dependencia atiende 45 conflictos más, por ello hizo un llamado a demonstrar que son un gobierno diferente y a dejar de lado las simulaciones.
“Y entonces, la pregunta es si podemos llegar a tener un marco que nos permita abordar otras problemáticas, no solamente las del río Sonora, y que muestren que éste es un gobierno diferente… yo creo que no podemos seguir con actitudes improvisadas o de simulación, sobre todo porque estamos en un país donde ha habido un enorme abandono de la población y el río Sonora es un ejemplo concretito de esto y donde además ha habido desconexión de las acciones”, subrayó.
“Otro compromiso de la minera fue la creación de una unidad que se encargara de todo eso… que fuera financiada por el fideicomiso de la empresa y en opinión de la gran mayoría, y comparto esto, ha sido letra muerta desde 2014, nunca se vieron avances”, dijo.
Acciones de vigilancia
La Secretaría de Salud pondrá en marcha un plan de acción sanitaria en los municipios aledaños al río Sonora, que incluye el rescate del Hospital Rural Comunitario Ures con equipamiento y personal, y la puesta en marcha del sistema de vigilancia ambiental y epidemiológico, anunció su titular, Jorge Alcocer Varela.
En Palacio Nacional, el secretario de Salud destacó que este plan tiene por objetivo atender las necesidades de la población que se expusieron el pasado 18 de diciembre, durante un diálogo con habitantes de esos municipios, en Ures, Sonora.
Detalló que las acciones van encaminadas a brindar un servicio integral con atención médica, diagnóstico especializado, vigilancia epidemiológica y ambiental, salud mental y promoción de la salud, en el que el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), que entra en operación el próximo 1 de enero, y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) jugarán un papel importante.
El funcionario subrayó que estos servicios y actividades deberán darse bajo la rectoría y supervisión de la Secretaría de Salud federal y estatal y no por parte de terceros, lo que permitirá identificar casos crónicos, antiguos y nuevos, diagnóstico oportuno, registro y seguimiento, así como análisis y difusión de la información para desarrollar acciones oportunas.
Alcocer dijo que se requiere contar con una unidad de vigilancia que permita medir y evaluar el efecto sobre la salud de metales como cromo, zinc, hierro, cadmio, aluminio, plomo y manganeso, en mayor o menor grado, dependiendo del tiempo de exposición, la edad y estado de salud de las personas, y que deberá atender a la población de los municipios de: Arizpe, Aconchi, Huépac, Banámichi, San Felipe de Jesús, Baviácora y Ures, Sonora. Hasta el momento se tiene un registro de 381 personas afectadas.
Claves
Ganancias
• La Semarnat atiende 45 conflictos ambientales, uno de ellos es el del río Sonora, donde el Grupo México, tan solo durante 2018, obtuvo 100 mil millones de pesos por la explotación de sus minas.
Pozos
• La Cofepris analizó por primera vez 60 pozos y redes de distribución y encontró que la mayoría se encontraba fuera de norma, por lo que se confirmó que el agua que consumen los pobladores contiene metales pesados.
Afectados
• La Secretaría de Salud tiene el registro 381 personas afectadas y la creación de mil expedientes.
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Con información de: Blanca Valadez