El recorte presupuestal al Poder Judicial de la Federación que se tiene previsto para el 2024 detendría la consolidación efectiva del sistema penal acusatorio, advirtió la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña.
A través de un comunicado emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la ministra señaló que en México la justicia enfrenta retos, entre ellos, el recorte a su presupuesto.
"En México, la justicia enfrenta retos adicionales relacionados con la efectiva garantía de la independencia judicial, particularmente, en lo relativo a la adecuada y suficiente asignación presupuestaria indispensable para atender el incremento continuo en la demanda de justicia federal que se ha registrado en los últimos cinco años.
“Una disminución presupuestal al Poder Judicial Federal, entre otras cuestiones, detendría la consolidación efectiva del sistema penal acusatorio e impediría al Instituto Federal de la Defensoría Pública seguir representando de manera gratuita a las personas más vulnerables, en un escenario en el cual la demanda ciudadana de defensores y asesores registra un crecimiento de 20 por ciento anual”, añadió.
La ministra presidenta recibió a la delegación del Grupo de Trabajo de la Organización de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria (GTDA), a más de 20 años de su última visita a México.
Al respecto, comunicó que, a finales de este año, desde la Corte se publicará un protocolo de actuación para personas juzgadoras y defensoras públicas, precisamente sobre la legalidad de las detenciones en el sistema penal acusatorio con el objetivo de brindar herramientas prácticas y útiles para que los operadores de justicia, al resolver los casos que se someten a su consideración, tengan una actualización de los precedentes jurisprudenciales y estándares internacionales aplicables a la materia.
Norma Piña estuvo acompañada de la ministra Ana Margarita Ríos Farjat y del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, así como de los consejeros de la Judicatura Federal Sergio Javier Molina Martínez y Bernardo Bátiz Vázquez, junto con la magistrada Taissia Cruz Parcero, titular del Instituto Federal de la Defensoría Pública; Alejandra Rabasa Salinas, titular de la Unidad de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la Corte.
Además, estuvieron presentes el juez Antonio González García, titular de la Unidad para la Consolidación del Nuevo Sistema de Justicia Penal del CJF.
EHR