Por la presunción de delitos de servidores públicos y contratistas, la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, ha presentado 250 denuncias durante los últimos tres años, a través de las cuales se espera recuperar 800 millones de pesos saqueados de las arcas gubernamentales, explicó en entrevista para el programa “Cambios” de canal 6, Javier Pérez titular de la Auditorio Superior.
“En los últimos tres años, en suma estamos en los 800 millones de pesos. Tenemos que el anterior (año) fue de 80 millones, en el 2019 se detectaron casi 400 millones de pesos, yo creo que debemos de estar en promedio en los 800 millones de pesos que están en vías de recuperación”, dijo Javier Pérez.
La Auditoría es una dependencia del poder legislativo, representado por el congreso del estado, que fiscaliza y revisa el ejercicio del gasto público, producto de estas revisiones constantes, se han presentado 250 denuncias ante la Fiscalía Estatal Anticorrupción, de las cuales 184 aún están en trámite, que de fincárseles responsabilidades a servidores públicos tendrán que pagar para reparar el daño, incluyendo intereses desde el momento en que se les acreditó el delito.
“Nosotros, una vez que concluye la auditoría podemos instar una serie de acciones complementarias dependiendo de la naturaleza de lo observado y entre ellas está el bloque de lo penal, donde se han presentado más de 250 denuncias de las cuales 180 promedio están en trámite, las demás en su gran mayoría han sido archivadas y otras judicializadas, otras se mantienen en reserva, es decir que se encuentran esperando algún elemento que las pueda reactivar, pero no están cerradas del todo”, agregó.
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Al día de hoy se tienen abiertos 13 procedimientos ante el Tribunal de Justicia Administrativa, órgano con facultad para sancionar, con sus respectivas denuncias ante el Ministerio Público, por lo que se espera pronto tener las primeras resoluciones. Entre ellas se encuentran las denuncias en contra de Jorge Valencia Gallo ex Director General de Transporte del Estado, el ex alcalde de Salamanca Antonio Arredondo por 187 millones de pesos y de la aún alcaldesa Beatriz Hernández por 45 millones de pesos.
“Están presentadas las denuncias, ya están en la cancha de la Fiscalía Estatal Anticorrupción donde siguen en status de trámite, están recabando actuaciones, diligencias, información. Va a llegar un momento en que se tomen resoluciones por parte de la Fiscalía y nosotros apuntamos a que se judicialicen, porque en los elementos que presentamos para nosotros hay presunción de un ilícito”, comentó el titular del Auditorio Superior.
En su momento, la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato llegó a tener un margen de recuperación del 60 por ciento de todo lo litigado, ya que por sí mismo presentaba las denuncias, señalaba los ilícitos cometidos y a los responsables.
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A raíz de la entrada en vigor en el 2017 del nuevo modelo del Sistema Nacional Anticorrupción, el régimen para la recuperación de los recursos sufrió una modificación, desde la implementación de este sistema a la fecha, no existe una sentencia resuelta ya que todas se encuentran en proceso.
Las denuncias se presentan ante la Fiscalía Estatal Anticorrupción y ahora es el Ministerio Público quien determina si los hechos presentados son constitutivos de un delito y a qué personas se vinculará a proceso. Pese a que se trata de un modelo que protege los derechos de los funcionarios señalados y la presunción de inocencia, los lapsos para resolución los delitos son más largos, demorándose inclusive años, por lo que corren el riesgo de prescribir.