El director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), Juan Martín Pérez, dijo que “el nuevo golpe que está a punto de consumarse en el Congreso, al disminuir la posibilidad de deducibilidad en donativos a las agrupaciones de la sociedad civil, las colocará en una situación de mayor fragilidad económica”.
Criticó el discurso desde Palacio Nacional de atacar a las organizaciones de la sociedad civil persistentemente, envolviéndolas de forma general en casos de corrupción, y “con ello, pretender minar su legitimidad y descalificar su trabajo entre la población en donde la acción del Estado mexicano no alcanza o es claramente omiso en sus responsabilidades”.
De acuerdo con datos de Redim, más de 33 mil niñas, niños y adolescentes en cuidados alternativos están en más de 900 albergues, de los cuales 9 de cada 10 son gestionados y financiados totalmente por las organizaciones sociales y la filantropía privada.
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Asimismo, Juan Martín Pérez argumentó que la mayoría de los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) encuentran en la sociedad civil una oportunidad de sinergia y versatilidad en el diseño e implementación de las políticas públicas.
Mientras que la Comisión Europea considera que: “Una sociedad civil constituye un actor importante en la promoción de la paz y en la resolución de conflictos. Al articular las preocupaciones de los ciudadanos, las organizaciones de la sociedad civil operan en la esfera pública, tomando parte en iniciativas que refuerzan la democracia participativa”.
El director ejecutivo de Redim afirmó que México, al ser parte de las economías más poderosas del mundo y ser firmante de la mayoría de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, tendría la obligación ética de expandir las condiciones para que la participación ciudadana se consolide a través de organizaciones, instituciones u otras expresiones asociativas.
“Lamentablemente con la decisión política e ideológica de presidente en turno, de atacar frontalmente a las organizaciones sociales desde el inicio de su mandato, a través de la ‘circular uno’ del 14 de febrero del 2019, para ‘terminar con la intermediación que ha originado discrecionalidad, opacidad y corrupción’. Y que establece que ‘todos los apoyos para el bienestar del pueblo se entregarán de manera directa a los beneficiarios’, marcando con ello una cascada de acciones de Estado en contra de las organizaciones”, aseveró.
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En este contexto, dijo que la propuesta de reforma al artículo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR), que impulsa el gobierno federal, el partido oficialista y sus aliados, tendrá nefastas consecuencias para las organizaciones, como lo han expuesto las 17 integrantes del Consejo Técnico Consultivo de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil, y no aumentará la recaudación fiscal del gobierno.
“Pero esta decisión no es aislada, es parte de una estrategia más amplia; es decir, lo fiscal es una forma de reducir la capacidad económica de las organizaciones para prestar servicios a las poblaciones más pobres”, dijo.
Consideró necesario recordar que esta “receta” ya se ha vivido en los gobiernos de Rafael Correa, en Ecuador; Evo Morales, en Bolivia; Hugo Chávez, en Venezuela; Daniel Ortega, en Nicaragua; Iván Duque, en Colombia; Bolsonaro, en Brasil; y Donald Trump, en los Estados Unidos, por mencionar algunas experiencias.
Añadió que cada día es más evidente que en esta administración el silencio es cómplice ante los ataques al Estado de Derecho, la vida democrática y las diversas expresiones ciudadanas nos llevarán a profundizar las brechas de desigualdad.
Por lo anterior las 17 integrantes del Consejo Técnico Consultivo de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por las organizaciones de la sociedad civil han denunciado algunas de las consecuencias que tendrá la reforma al artículo 151 de la Ley del ISR:
- Disminuiría las deducciones que podrían obtener las personas físicas por sus donativos, ya que tendrían que pagar más impuestos o destinar sus recursos a otras actividades.
- Desincentivaría el otorgamiento de donativos a las instituciones que realizan importantes actividades de desarrollo y beneficio social, como las donatarias autorizadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
- Propiciará una afectación a un importante número de organizaciones de la sociedad civil y a miles de personas beneficiarias de sus actividades en rubros tan relevantes como la asistencia social, la educación, la preservación del medio ambiente y el desarrollo social, por citar algunas.
- Restringiría, además, los derechos de libre asociación y participación ciudadana, que el Estado debiera de promover, no de limitar.
EHR