Previo al segundo periodo extraordinario de sesiones, aprobado por el pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en la que se discutirá el desafuero de Saúl Huerta y Mauricio Toledo, la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), llamó al Poder Legislativo a “dar un paso al frente” y quitar la protección al diputado, quien está acusado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCdMx) de abusar sexualmente de un adolescente de 15 años.
A través de un comunicado, Redim reiteró su posición expresada en los dos oficios enviados el 2 agosto a la Cámara de Diputados y al Senado de la Republica, en los que exigió a las autoridades del Poder Legislativo, no solo llamar de manera inmediata a un periodo extraordinario para resolver este tema con urgencia, sino también a dar un paso al frente para vencer la impunidad y hacer justicia a las víctimas de violencia sexual.
La directora ejecutiva de Redim, Tania Ramírez Hernández, llamó a dar cumplimiento a la Constitución y a los tratados internacionales en materia de derechos de las infancias que han sido suscritos y ratificados por el Estado mexicano.
Añadió que la protección de las infancias y el ejercicio de la justicia, así como abrir el camino del debido proceso, son exigencias que Redim ha solicitado desde el primer momento en que se dieron a conocer los hechos del caso y la denuncia.
“Este caso ha revelado un patrón sistemático de abusos cometidos con anterioridad por el diputado Huerta, tal como se ha denunciado en prensa”, remarcó.
Puntualizó que en un escenario donde cada año más de 4 millones y medio de menores son víctimas de abuso sexual en el país, el fuero de Huerta es un impedimento para continuar con el procedimiento que se le sigue y para garantizar el derecho a la protección que debe tener la víctima, así como el acceso a la justicia.
Redim resaltó que este caso es una clara muestra de abuso de poder, además de causar un daño psicológico y continúo para las víctimas y sus familiares, quienes esperan que sean las instituciones las que den el ejemplo.
Insistió que frenar una investigación en este tema es una manera de mostrar impunidad, además de que estas acciones son contrarias a lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) y a la Ley General de Los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, principalmente en lo referente al derecho a una vida libre de violencia.
“Sería un terrible precedente para el Poder Legislativo y sus representantes en este periodo, pero también para las instituciones mexicanas que se ignoren estos delitos por parte de quienes se escudan de su cargo para cometerlos”, aseveró.
JLMR