Después de casi una década de conflicto legal, el Gobierno de Nuevo León y Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey deberán pagar 32 millones de pesos al consorcio que construiría el acueducto Monterrey VI, y no los 3 mil 400 millones de pesos que reclamaban.
A través de un comunicado, el ejecutivo informó que el consorcio AQUOS demandaba originalmente los 3 mil 400 millones de pesos por presuntos daños y perjuicios derivados de la no concreción del Contrato de Asociación Público Privada (CAPP) para llevar a cabo la obra.
La estrategia legal estuvo a cargo de Javier Navarro Velasco, coordinador del Gabinete de Buen Gobierno, cuya defensa se basó en la inexistencia de los daños reclamados con motivo de que el contrato nunca entró en vigor por el incumplimiento de AQUOS.
El proyecto hídrico buscaba traer agua desde la cuenca del río Pánuco hasta Nuevo León y fue impulsado en la administración de Rodrigo Medina de la Cruz, y recibió el aval y título de concesión del entonces presidente Enrique Peña Nieto.
En 2017, el entonces gobernador independiente Jaime Rodríguez Calderón canceló el proyecto del acueducto Monterrey VI argumentando razones políticas, financieras y ambientales.
En reiteradas ocasiones Rodríguez Calderón señaló irregularidades en la asignación del contrato y un costo excesivo de más de 14 mil millones de pesos, sin embargo, actores políticos posteriormente recriminaron que el tema fue utilizado como bandera en campaña y esto derivó en la crisis hídrica que presentó el estado recientemente.
grt