Como resultado del Diálogo de Seguridad de Alto Nivel (DSAN), México y EU firmaron el Entendimiento Bicentenario sobre Seguridad, Salud Pública y Comunidades Seguras que sustituye a la Iniciativa Mérida.
En conferencia de prensa, Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, explicó que el nuevo mecanismo constituye una estrategia renovada entre ambos países.
“Ya vimos que no va a ser suficiente si solo capturamos a unos capos, tenemos que preocuparnos porque no aumenten las adicciones. Los jóvenes deberían tener oportunidades de trabajo, porque así no es fácil que los reclute la delincuencia. Tenemos que cuidar que no prolifere el consumo de drogas más baratas, que hoy están creciendo mucho”, manifestó.
Insistió en que de ahora en adelante el éxito del trabajo conjunto en seguridad ya “no se va a medir porque se capture a un capo y se haga una gran conferencia de prensa. El éxito de eso se va a medir porque haya menos homicidios en México y menos consumo de droga. Esa es la diferencia”.
En el acto, ante Antony Blinken, secretario de Estado, Ebrard expresó: “¿Cuál sería la diferencia con la Iniciativa Mérida? La primera diferencia sustantiva es que la Iniciativa Mérida estaba, desde el punto de vista de México, concentrada en la tesis de que había que capturar a los capos de los cárteles y con eso era suficiente.
“Eso era en esencia, era decirle a Estados Unidos: ‘por favor mándame unos helicópteros’, ‘mándame equipo’, ‘dame tu asistencia para que yo pueda capturar a los capos y con eso resuelvo el problema’. En esencia es lo que México pensaba en esa época”.
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El anuncio representa un giro de 180 grados en las políticas bilaterales de seguridad, que desde finales de los 90 se habían caracterizado por priorizar la detención de líderes criminales y la desarticulación de sus organizaciones bajo el amparo de la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros, mejor conocida como Ley Kingpin.
Este nuevo marco establece un enfoque integral y de largo plazo para orientar las acciones bilaterales de aquí en adelante. “Juntos, podemos construir un sistema de paz, justicia y respeto por el estado de derecho”, destacaron ambos países en una declaración conjunta.
Tras la firma del Entendimiento Bicentenario, México y Estados Unidos se comprometieron a unirse para proteger a la gente de ambos países, invirtiendo en salud pública en relación con los impactos del consumo de drogas, apoyando comunidades seguras y reduciendo homicidios y delitos de alto impacto.
También en prevenir la delincuencia transfronteriza asegurando modos de viaje y comercio, reduciendo el tráfico de armas, apuntando a las cadenas de suministro ilícitas y reduciendo el tráfico ilegal y trata de personas.
Asimismo, en desmantelar redes criminales, persiguiendo a las personas ligadas a financiamientos ilícitos y fortaleciendo los sectores de la seguridad y la justicia.
Algunas acciones concretas tras la oficialización del nuevo acuerdo bilateral de seguridad son la intención de firmar un memorando de entendimiento para reducir la adicción a las drogas y los daños asociados con el propósito de desarrollar planes para prevenir el consumo de estupefacientes, proporcionar tratamiento basado en evidencia y expandir la justicia alternativa a través de la educación y una mejor capacidad para proporcionar sistemas de alerta temprana y rastrear la demanda.
Este acuerdo sustituye a la Iniciativa Mérida, firmada en 2008 por los presidentes Felipe Calderón y George W. Bush.
El Entendimiento Bicentenario se basa, de acuerdo con una declaración conjunta, en la soberanía, el respeto mutuo y el “extraordinario vínculo de familia y amistad” que existe entre México y Estados Unidos.
“Ambos países han sufrido los efectos de la adicción de sustancias, la violencia con armas de fuego, las drogas ilegales, las armas, la trata y el contrabando de personas, así como del crimen organizado en nuestras comunidades”, se destacó.
Luego de aceptar las responsabilidades compartidas, ambos países se comprometieron a avanzar como socios para encontrar soluciones respaldadas por la justicia, la cooperación efectiva en la aplicación de la ley y un enfoque basado en datos que ayude a desarrollar estrategias en contra del crimen organizado que afecta a las poblaciones de ambos lados de la frontera.
“La delincuencia organizada trasnacional ha cobrado demasiadas vidas en nuestros países. Por tal motivo ambos países reconocemos que tenemos la responsabilidad de trabajar juntos para lograr nuestros objetivos compartidos de seguridad y paz”.
“Necesitamos atender la violencia, desarticular a las organizaciones criminales trasnacionales y enfocarnos en la prevención, a fin de crear las condiciones para una cultura de paz, mientras trabajamos de la mano para abordar las causas fundamentales del crimen”, se abundó al respecto en la declaración conjunta.