Jaime Cárdenas, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), afirmó que la recién avalada reforma a la Ley de Amparo no afectará los derechos de la ciudadanía no involucrada en actividades ilícitas, pues busca combatir al crimen organizado y el lavado de dinero mediante el bloqueo de cuentas y agilización de juicios fiscales, a través de las autoridades competentes.
Sin embargo, Cárdenas planteó que podría haber un tipo de violación al principio de retroactividad.
“Estos procedimientos en materia de amparo tienen que ver con el acceso a la justicia. Y el acceso a la justicia es un derecho humano de carácter sustantivo, no solamente procesal. (Manuel Huerta) Ladrón de Guevara —quien presentó el transitorio para otorgarle retroactividad a la aplicación de la reforma— quiere que la ley tenga efectos inmediatos, pero en este caso no se trata solamente de una consideración procesal, sino de una sustantiva relacionada con el derecho humano de acceso a la justicia”, subrayó.
En entrevista para MILENIO Televisión con Tania Díaz, el investigador aseguró que el ciudadano común no se dedica a negocios donde haya lavado de dinero ni tiene empresas fantasma que expida factura, y entre otros casos, no tiene acceso a concesiones de carácter general para explotar, por ejemplo, un pozo petrolero.
“Como no están en esos supuestos, la persona común y corriente no va a tener ninguna afectación a sus derechos, van a poder proseguir promoviendo sus amparos como se ha hecho desde el siglo XIX, y a partir del 2013 con esta visión de interés legítimo a defender derechos colectivos al medio ambiente o derechos a los consumidores”, detalló.
Declaró que las personas que sí van a tener problemas con las nuevas disposiciones de la Ley de Amparo son quienes se dedican al crimen organizado, pues la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) o los organismos competentes pueden bloquear sus cuentas bancarias o congelar cuentas vinculadas al lavado de dinero o vinculadas a empresas fantasmas, y para que esas cuentas sean desbloqueadas, tendrán que demostrar el origen lícito de los recursos.
“Esta reforma obedece a un interés de parte del gobierno de tener instrumentos más eficaces para combatir la delincuencia y a los crímenes de cuello blanco. En el caso del amparo fiscal, para que los procedimientos de ejecución de los juicios fiscales no se dilaten eternamente, y sean más ágiles”, explicó.
Destacó que uno de los cambios más relevantes en esta iniciativa de reforma es el tema del interés legítimo que se mantiene vigente en el proyecto, el cual permite que individuos y grupos colectivos puedan presentar juicios de amparo para defender derechos colectivos de grupos históricamente discriminados, a través de esta figura jurídica.
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