Entre las críticas que López Obrador ha lanzado contra Ernesto Zedillo Ponce de León reluce un punto de acuerdo, separado en la línea del tiempo por tres décadas; con diferencias de fondo, pero un mismo objetivo: el Poder Judicial de la Federación (PJF).
El Congreso de la Unión recibirá en febrero la iniciativa constitucionalcon la que el Jefe del Ejecutivo amagó poner fin al presunto tráfico de influencias, cohecho y los privilegios del poder hoy encabezado por Norma Piña Hernández. Un déja vu, de cierto modo, al deseo con el que en 1994 Zedillo Ponce de León promovió una profunda transformación al sistema de justicia.
“Un Poder Judicial más independiente, más fuerte y más capaz de cumplir sus responsabilidades”, así era la visión del político que el PRI impulsó a los presidenciables tras el asesinato de su ex candidato Luis Donaldo Colosio Murrieta.
Actos ‘similares’, motivos distintos
El 1 de diciembre de 1994, Ernesto Zedillo arribó triunfante al Palacio Legislativo de San Lázaro para recibir de Carlos Salinas de Gortari el relevo de la banda presidencial, antecedido por un apretón de manos y un fraterno abrazo.
El nuevo Presidente de la República tomó el atril, refrendó su respeto con el Legislativo y enfatizó su confianza en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) como “cúspide del sistema de justicia” que buscaría dar solución a “los brutales asesinatos de figuras destacadas de la vida pública”, tal cual fue el magnicidio de Luis Donaldo Colosio el 23 de marzo.
Un discurso que contrasta con la óptica de Andrés Manuel López Obrador, la cual percibe un Poder Judicial “podrido”, “a favor de las minorías” y “que legaliza la corrupción”. Y de ahí sus continuos amagos por reformarlo y dejar en manos de la ciudadanía la elección de los 11 ministros y ministras de la SCJN, así como demás jueces y magistrados locales.
Sin embargo Zedillo halló en ese reconocimiento al Máximo Tribunal la razón por la cual envió al Congreso de la Unión la iniciativa que daría pie a una “profunda transformación del sistema de justicia”. El Legislativo recibió el proyecto días después de la toma de protesta.
Fue así que el 17 de diciembre de 1994 el Pleno del Senado discutió la reforma que proponía modificar la organización interna, el funcionamiento y las competencias de las instituciones de justicia. Pero en una época donde la oposición comenzaba a figurar en las decisiones nacionales, el PRD externó su inconformidad toda vez que el PAN garantizó su voto a favor.
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El Sol Azteca señaló varios puntos del decreto por supuestas irregularidades que, a su vez, implicaban la eventual intromisión del Jefe del Ejecutivo, jubilaciones exorbitantes, desconocimiento de la independencia del propio Poder Judicial, entre otros argumentos más. La bancada en San Lázaro mantuvo la misma postura de inconformidad.
Pero el freno de la oposición no fue suficiente: la iniciativa trascendió y llegó a las páginas del Diario Oficial de la Federación (DOF) en el último día del 1994 — desatando críticas en la opinión pública que lamentaban la “pérdida de autonomía” del PJF, hasta las que señalaron a Zedillo Ponce de León por orquestar un “golpe de estado”.
“Sienta las bases para que el Poder Judicial Federal sea independiente. (...) Por primera vez en nuestra historia, la SCJN es un órgano genuinamente autónomo. (...) Reitero que se acabaron los tiempos de los nombramientos políticos y las influencias del Presidente sobre la Suprema Corte”, abogó el priísta en su primer informe de gobierno.
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La metamorfosis de Ernesto Zedillo
La Reforma Judicial de 1994 acaparó los reflectores de los medios de comunicación, empresarios y la sociedad, llegando incluso al corazón de Ciudad Universitaria (CU) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
La Facultad de Derecho y el Instituto de Investigaciones Jurídicas albergaron debates con amplia cobertura en la prensa, cuyos postulados— y demás emanados de otros círculos— habrían incidido para que el Senado de la República aprobara varios cambios en la iniciativa presidencial (hoy aún válida).
El decreto final y publicado en el DOF declaró reformados los artículos 21, 55, 73, 76, 79, 89, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 116, 122 Y 123 de la Constitución Política. No obstante, la más controversial fue la modificación al 94° que redujo de 26 a 11 el número de integrantes de la SCJN.
Estuvo en poder de las y los Senadores decidir quiénes integrarían la (nueva) SCJN de una baraja de 18 personas que Ernesto Zedillo envió a la Cámara Alta para ese propósito. Cada designación se concretó con el apoyo de dos terceras partes de las y los presentes, mientras que el término de cada periodo también quedó a consideración del Pleno toda vez que:
- Dos ministros finalizaran el último día de noviembre del 2003; dos en la misma fecha del 2006; dos más en 2009 y otros dos en 2012.
- Los tres restantes den por terminada su gestión en el último día de noviembre del 2015.
De ahí en adelante el encargo de las y los siguientes ministros tendrían una duración fija de 15 años, reemplazando así la naturaleza vitalicia que antes tenían los nombramientos. Esto al considerar que dicho periodo sería suficiente para proteger la independencia judicial, además de dar paso a una renovación saludable del máximo tribunal.
El decreto también estableció el método de las ternas enviadas por el Jefe del Ejecutivo Federal al Senado de la República para renovar a las y los integrantes de la Corte, así como los impedimentos y requisitos mínimos de los aspirantes, las condiciones para nombramientos y el procedimiento a seguir.
En tanto, la reforma también facultó a quienes integran la SCJN para designar a su Ministra o Ministro Presidente con una titularidad de cuatro años, sin posibilidad de reelección para el periodo inmediato posterior.
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Fueron bajo esas condiciones que Olga Sánchez Cordero subió a la Primera Sala como la única mujer, junto a los ministros Juventino Víctor Castro Castro, José Vicente Aguinaco Alemán, Juan Díaz Romero, Humberto Román Palacios, Mariano Azuela Güitrón, Genaro David Góngora Pimentel, José de Jesús Gudiño PelayoGuillermo Iberio Ortiz Mayagoitia, Sergio Salvador Aguirre Anguiano y Juan Nepomuceno Silva Meza.
En tanto, el periodo de los 26 anteriores finalizó al momento de publicarseb el decreto en el DOF, recibiendo una pensión similar a la prevista para casos de retiro forzosos en el “Decreto que establece las Causas de Retiro Forzoso o Voluntario de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”— monto que las bancadas del PRD habían señalado de “exorbitante”.
En otros puntos de la reforma se consideró la creación del Consejo de la Judicatura Federal integrada por siete miembros; ampliar de 10 a 20 días el plazo para otorgar o negar la aprobación de una terna; dotar a la SCJN para valorar el incumplimiento de las sentencias; extender de cinco a 10 años la expedición del título profesional de abogado, entre otras modificaciones más.
ASG