El Gobierno capitalino publicó la reforma al artículo tercero de la Constitución de la Ciudad de México, con el fin de homologar el principio de propiedad en los términos del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y proteger la propiedad privada, la pública y social.
Desde el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, el jefe de Gobierno, Martí Batres, precisó que la reforma quedó establecida en el numeral dos del artículo tercero de la Constitución capitalina, que habla sobre los principios rectores que asume la Ciudad de México.
- Te recomendamos Reforma al Poder Judicial: discusión en pleno de la Cámara de Diputados EN VIVO Política
“Con esta reforma, que se publica el día de hoy en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México, queda salvaguardado el interés superior de la nación, de la ciudad, de lo público y quedan protegida la propiedad privada, la propiedad pública y la propiedad social dentro de los marcos y principios establecidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; pero, sobre todo, quedan establecidas y liberadas las bases para un desarrollo justo, armónico, con acento social, que reconozca la supremacía de lo público sobre cualquier interés particular en la Ciudad de México para los años venideros".
"En otras palabras, con la reforma que se ha realizado al Artículo 3 de la Constitución Política de la Ciudad de México, el principio de propiedad queda acorde con los valores que promueve la Cuarta Transformación en todo el país y, por supuesto, también en la Ciudad de México”, dijo.
¿Qué implica esta reforma?
Destacó que, la reforma obedece a que había “riesgos” y ahora el principio de propiedad queda acorde con los valores que promueve la denominada cuarta transformación.
“¿Qué decía la Constitución de la Ciudad de México hasta hace algunos días? ‘La Ciudad de México asume como principios el respeto a la propiedad privada’. ¿Qué dice ahora? ‘La Ciudad de México asume como principios el respeto a la propiedad en los mismos términos del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos’. Esa es la reforma que estamos celebrando el día de hoy”, añadió.
Ante diputadas y diputados locales, e integrantes del Gabinete, el mandatario insistió que si bien la Constitución local está subordinada a la de los Estados Unidos Mexicanos, que también protege a la propiedad pública y social, existía el riesgo de una interpretación en contra del interés público, por parte del actual Poder Judicial.
“Podría parecer elemental que las instancias que tengan que interpretar la Constitución digan: ‘Bueno, la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos dice esto y está por encima de cualquier otro precepto’, pero no es así, porque en estos años, en los pasillos del Poder Judicial hay un dicho que se repite mucho, que dice así: ‘¿Qué dice la Constitución? Lo que diga la Corte’".
"En otras palabras, ante la falta de claridad estamos en riesgo en cualquier momento de que el actual Poder Judicial en algunas de sus instancias: Juzgados de Distrito, Tribunales o Suprema Corte, pueda interpretar nuestras normas constitucionales en favor de los grupos económicos más poderosos, haciendo a un lado el Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para apoyarse en una disposición local".
"Como ese riesgo existía, consideramos muy importante, muy pertinente, dejar claro de cualquier manera, de forma inequívoca, que el precepto que nos guía en la Ciudad de México en materia de propiedad es el que señala el Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, sostuvo.
Batres dijo que una de las personas que advirtió sobre esto oportunamente fue el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez Álvarez, y a su vez, agradeció al Congreso capitalino por aprobar el 22 de agosto esta reforma que envió.
¿Desde cuándo no se actualizaba el artículo?
En su intervención, el titular de la UIF, Pablo Gómez Álvarez, dijo que la reforma a la Constitución local actualiza el legado de la Revolución de 1910-1917, plasmado en la Constitución del país.
“La propiedad originaria de la nación sobre tierras y aguas no es solo una declaración democrática, es decir, no solo es una reivindicación de poder soberano del pueblo sobre su territorio, sino que es, al mismo tiempo, un instrumento para reformar la sociedad justo en los términos del mismo texto constitucional de 1917:"
“La Nación tendrá –dice– en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público. Estos conceptos han sido introducidos como precisa referencia en la Constitución de la Ciudad de México, más no se trata de un homenaje al contenido social de la Revolución de 1910-1917 expresado en la Carta de Querétaro, sino de la actualización de ese legado histórico”, mencionó.
En ese sentido, comentó que la Transformación puesta en marcha a partir de 2018 desempolvó el artículo 27 constitucional para revertir en ciertas ramas el programa neoliberal de privatizaciones y también trabaja en terminar con la corrupción al interior del actual Poder Judicial.
“Qué independencia judicial existe cuando desde los tribunales se han combatido por sistema las reformas del Gobierno de la Transformación justamente con argumentos de la derecha y muchas veces en grosera violación de textos constitucionales. (…) Quienes defienden la estructura judicial vigente, dicen que la elección popular podría no llevar a combatir la corrupción; luego, se entiende, admiten que la corrupción sí es un problema de la Judicatura, ¿qué proponen entonces? Dejar todo como está. Así, de verdad, es muy difícil cualquier discusión interesante y constructiva de esa manera”, señaló.
RM