La senadora María Elena Barrera Tapia, del Partido Verde Ecologista de México, destacó la reciente aprobación de un punto de acuerdo que exhorta respetuosamente a las autoridades competentes de los tres niveles de gobierno a fortalecer las acciones de prevención integral con el propósito de reducir los factores de riesgo de violencia contra las niñas y mujeres.
Barrera Tapia mencionó que el derecho de las mujeres y las niñas a vivir una vida sin violencia y discriminación están consagrados en las máximas jurídicas internacionales y nacionales, a partir de las cuales se trazan metas y objetivos que guían el diseño de políticas públicas específicas para conseguir que se concrete lo dispuesto en la ley.
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La senadora también comentó que la violencia contra las mujeres constituye un grave problema de salud pública y una violación de derechos humanos, especialmente cuando es ejercida por la pareja y en la forma de violencia sexual.
Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 63 de cada 100 mujeres mexicanas mayores de 15 años han padecido algún incidente de violencia por parte de su pareja o de otras personas. Las estadísticas registran que el 68 por ciento de las mujeres más expuestas a la violencia tienen entre 30 y 39 años; asimismo, estima que siete mujeres fueron asesinadas a diario entre el 2013 y el 2014.
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Barrera Tapia señaló que además de la Constitución mexicana, existen en el país otros programas, acciones y leyes como la Ley General de Acceso de las Mujeres a un Vida Libre de Violencia y el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
Entre los objetivos de estos instrumentos se resaltan los siguientes: establecer la coordinación entre la federación, las entidades federativas y municipales para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres; realizar acciones positivas para que, desde la legislación y las políticas públicas, se elimine la discriminación y se fomente la igualdad de género de modo que se adopten normas culturales más pacíficas y asegurar que las instituciones, bienes y servicios otorguen atención de forma asequible, aceptable y de buena calidad.
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Las mujeres violentadas sufren daños físicos, psicológicos y embarazos no deseados; las niñas que padecen este flagelo abandonan la escuela y suelen tener afectaciones en la salud.
Por ello, la senadora concluyó que, aunque se reconocen los esfuerzos del gobierno federal para combatir este problema, aún se requiere continuar el trabajo conjunto para evitar las afectaciones a este sector poblacional.
Cabe destacar que este punto de acuerdo también fue apoyado por senadoras del PRI.
sbg