La Red Nacional de Refugios utilizará los mecanismos legales a su alcance para impugnar la suspensión de la convocatoria pública para la asignación de subsidios destinados a la prestación de servicios a víctimas de violencia como resultado de la instrucción presidencial de no transferir recursos a terceros.
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El recurso destinado a la operación de las organizaciones que atienden a mujeres y niños víctimas de violencia están incluidos en el presupuesto 2019 a través del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva.
“Este presupuesto que avalaba la convocatoria que fue suspendida es un presupuesto que estaba etiquetado que está en el anexo 13 en el ramo 12 lo que implica que es improcedente que se haya simplemente eliminado o se haya suspendido”, dijo Wendy Figueroa Morales, directora de la Red Nacional de Refugios.
La Red Nacional de Refugios agrupa a 70 por ciento de los 132 espacios que brindan atención a víctimas de violencia en el país, y actualmente atiende a más de 20 mil personas entre mujeres, niños, niñas y adolescentes.
El presupuesto destinado a la convocatoria pública, a la que se inscriben las organizaciones y refugios, está regido por el Anexo 13 del Ramo 12 en Salud, que obliga a incorporar perspectiva de género y los criterios del Instituto Nacional de las Mujeres en la operación de los programas.
Wendy Figueroa aseguró que utilizarán todos los recursos legales disponibles y que buscarán apoyo internacional para impugnar la decisión de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud porque la suspensión de la convocatoria aumenta la probabilidad de que se incrementen los feminicidios e infanticidios y deja en la indefensión a la población objetivo.
“Es inadmisible, totalmente violatorio de derechos humanos y pone en riesgo a más de 20 mil mujeres, niños y niñas víctimas de violencia de género que se encuentran en estos espacios que no son únicamente refugios ni centros externos de organizaciones de la sociedad civil, sino que también son de gobierno.
“Es un gran retroceso, una violación a los derechos humanos porque estamos hablando de que ante las lamentables cifras de que hay en el país, nueve feminicidio diarios, con esta resolución y esta indicación de suspender la convocatoria pública para refugios hay una gran probabilidad de que estos índices de feminicidios se incrementen”, dijo.
La Secretaría de Salud matizó la indicación y en la cuenta oficial en Twitter informó que el presupuesto para la operación de los refugios no fue cancelado, sino que los lineamientos administrativos para su funcionamiento están en revisión.
Figueroa Morales explicó que las organizaciones deben concursar para obtener apoyos, y contar con las especificaciones establecidas en la Norma Oficial 046 que establece que los refugios sean espacios multidisciplinarios y seguros para brindar atención a las mujeres y sus hijos en situación de violencia, el tiempo necesario para que recuperen su autonomía y redefinan su plan de vida.
Los refugios, que cuentan con la certificación del Instituto Nacional de las Mujeres, ofrecen atención integral y con perspectiva de género a las víctimas, entre ellos servicios médicos, jurídicos y capacitación para el trabajo.
La ubicación de los refugios no es pública, por razones de seguridad, pero están obligados a rendir cuentas y transparentar los gastos ante la Secretaría de Salud, a través del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva.
“Rendimos cuentas a la Secretaría de Salud a través del Centro Nacional, quienes nos hacen visitas y nos piden rendición de cuentas, auditorías y bitácoras, que bueno, es una especie de violencia institucional porque son bitácoras en las que pones no solamente lo que estás ejerciendo sino que le pides a la mujer que diga cuántos alimentos consumió al día, que te firme cuántos medicamentos recibió y hasta cuantas toallas femeninas utilizó.
“Creemos que el tema con nosotros no es un tema de transparencia. Yo no me puedo responsabilizar de todos los refugios del país, pero si hubiera una cuestión de falta de transparencia, de desviación de recursos, tendría que hacerse de forma puntual con cada organización y no generalizar, no sólo en este tema, sino en muchos otros”, dijo la activista.
Los centros de atención se financian casi en su totalidad con el presupuesto público, pero también reciben donaciones que les permiten trabajar una vez que el gobierno libera los recursos, casi siempre después de junio.
Para entonces ya deben dinero a los proveedores y a los especialistas que brindan los servicios.
“Nos piden que seamos transparentes y el hecho de suspender temporalmente la convocatoria sigue poniendo en riesgo a las mujeres porque la convocatoria, en un contexto normal, salía tardía y se entregaban los recursos a mediados de junio, la suspensión temporal nos obliga a preguntar ¿qué van a hacer los refugios sin este financiamiento y además la incertidumbre porque esto lleva a que dejen de operar los centros de forma inmediata, en detrimento de cientos de mujeres”, destacó la activista.
Las organizaciones están habituadas a trabajar sin tener garantizado el pago, pero la suspensión temporal de la convocatoria representa un riesgo enorme porque en el mediano plazo tendrán que suspender operaciones y la población a la que atienen, sobrevivientes de violencia extrema, se quedará sin un lugar seguro.
Wendy Figueroa dijo que no es un caso en el que se pueda aplicar la máxima presidencial de no recurrir a intermediarios para llegar a los ciudadanos porque la vida y la integridad de las personas estará en riesgo durante el tiempo que tarde el gobierno en entregar el dinero a los beneficiarios.
“Si nos vamos a la filosofía de que el Presidente mandató, que se iban entregar los recursos directamente a las mujeres víctimas de violencia, tendríamos que identificar que hay excepciones. Y en este caso no es posible que el recurso se les entregue a las mujeres. Estamos hablando de que son espacios de protección y de seguridad, y de aquí a que reciba su recurso y se vaya a buscar un espacio par ir, en ese inter puede ser asesinada”, dijo.
El gasto promedio diario destinado para la atención de víctimas de violencia en un refugio es de 35 pesos e incluye seguridad, protección, atención psicológica, judicial, social, médica, capacitación para el trabajo y en algunos casos asesoría para la restitución de su identidad.
Si se considera que se trata de espacios de protección con infraestructura avalada por el Inmujeres vale la pena preguntar, dice, ¿qué espacio podrán cubrir con esto, esto aunado a la atención de gente experta que no somos improvisadas?
“Me parece que en ese sentido se tendría que identificar justo porque, en lugar de fortalecer perjudica, y hay acciones donde podría ser efectivo dar el recurso directamente y hay otras, como esta, en la que con lo que se les entregaría es imposible tener a una mujer protegida cuando hemos visto que 40 por ciento de los feminicidios pudieron haberse prevenido porque las mujeres hicieron una denuncia previa”, destacó.
La mayor población que actualmente atienden son los hijos e hijas de mujeres víctimas de violencia, algunos también sobrevivientes de violencia sexual.
Así, los refugios no sólo previenen los feminicidios sino los infanticidios.
“Los refugios no somos algo improvisado, estamos avalados por el modelo del Inmujeres y esperamos que la nieva titular se pronuncie al respecto dado que es la nueva rectora de las políticas de igualdad.
“Prevenimos los feminicidio y promovemos el empoderamiento para disminuir las brechas de desigualdad a mujeres y niños en situación de vulnerabilidad y riesgo inminente”, dijo.
Los refugios tienen capacidad para recibir hasta 10 familias de un máximo de tres integrantes por tres meses, o más si se considera necesario.
Además, una vez que abandonan el lugar, el refugio da seguimiento a la persona hasta por un año para asegurar que puede redefinir su plan de vida.
“Suspender la convocatoria es un retroceso. No hay otra forma de verlo”, aseguró.
La activista se reunirá la próxima semana con senadoras y diputadas, entre ellas Martha Tagle y Patricia Mercado, para definir una estrategia.
De acuerdo con datos de la red, en los últimos cinco años, los refugios y los centros de atención externa atendieron a 33 mil 72 mujeres, niños y niñas víctimas de violencia.
Hasta ahora, la nueva directora del Inmujeres, Nadine Gasman, no se ha pronunciado sobre el tema.
OVM