Los criterios recién emitidos por el Instituto Nacional Electoral (INE) para el registro de candidaturas a cargos de elección popular por parte de partidos políticos o coaliciones electorales desataron una ola de impugnaciones ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Dichos criterios incluyeron como principal novedad que los partidos políticos podrán incluir una acción afirmativa para garantizar candidaturas al Congreso de la Unión a personas en situación de pobreza.
Hasta la noche del martes, dicho acuerdo acumulaba 20 recursos de impugnación que han sido presentados desde hace seis días ante la Sala Superior del TEPJF.
De los 20 recursos promovidos contra el acuerdo del INE que incluye los criterios impugnados, 19 son Juicios para la Protección de los Derechos Político-Electorales de los Ciudadanos y uno es un Recurso de Apelación.
El Recurso de Apelación fue promovido por el Partido del Trabajo.
En tanto, los 19 juicios de la ciudadanía han sido promovidos por los siguientes ciudadanos: Brenda Anayelli Lara Hernández, Erika Farías Corcetti ─quien reclama particularmente una omisión por haber implementado de manera deficiente la acción afirmativa a favor de la comunidad LGBTTTIQ+─, Daniel Hernández Ventolero, Hilda Laura Velázquez Villanueva, Elvis Yesermail Madaraga Santana, José Luis Gutiérrez Pérez, Oscar Hernández Santibáñez, Cecilia Elena Guillén Lugo, Ernesto Martín Rosas Barrientos, María Guadalupe Castro Zaragoza, Roxana Pacheco Martínez, Edith Yolanda Merino Lucero ─que se ostenta como representante de Fuerza Migrante AC─, Mario Alberto Torres Escudero, Jaime Lucero Casarez, Avelino Meza Rodríguez, Reynaldo Amadeo Vázquez Ramírez, César Cruz Benítez, Aarón Ortiz Santos y Erika Bailón Rodríguez.
El acuerdo con los criterios fue aprobado por mayoría en sesión del Consejo General del INE del 8 de septiembre, con los votos particulares de las consejeras Dania Ravel, Claudia Zavala y Clarla Humphrey, quienes argumentaron en contra de diversos puntos del documento.
Los criterios establecen fechas, plazos y procedimientos para que los partidos políticos y las coaliciones electorales realicen los trámites necesarios para registrar las candidaturas a los cargos de elección popular que se habrán de votar en la jornada del próximo 2 de junio de 2024.
Establecen también las bases para garantizar principios como el de igualdad y no discriminación, de interseccionalidad y de paridad de género, así como para el cumplimiento de acciones afirmativas ─medidas especiales, específicas y de carácter temporal, a favor de personas o grupos en situación de vulnerabilidad─ en materia de personas con discapacidad, personas migrantes residentes en el extranjero, personas indígenas, personas afromexicanas, personas LGBTTTIQ+ y personas en pobreza.
Asimismo, los criterios aprobados definen los requisitos para el registro de candidaturas por elección consecutiva (reelección) y medidas para garantizar la prevención y combate a la violencia política de género.
LG