El avance de regulaciones para limitar el uso de teléfonos celulares en las escuelas de México y América Latina no debería centrarse únicamente en restringir o prohibir estos dispositivos, sino en impulsar políticas que contribuyan a formar una ciudadanía digital, plantearon especialistas del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (IISUE) de la UNAM.
Gabriela de la Cruz Flores, directora del IISUE, señaló que existe un creciente interés en la región por establecer reglas sobre el uso de celulares en las aulas, pero advirtió que el debate debe ir más allá de decidir si los dispositivos pueden o no utilizarse durante las clases.
Durante la conferencia a distancia Yo celular, el teléfono en la escuela, explicó que el informe Celular en las escuelas, un tema en la agenda pública de América Latina, publicado por la Unesco en junio, identifica tres tendencias en la región: regulación, restricción condicionada y prohibición.
Hasta marzo de 2026, detalló, solo cuatro países latinoamericanos contaban con leyes para regular el uso de estos dispositivos en los planteles educativos: Brasil, Chile, Colombia y Paraguay. Destacó el caso brasileño, cuya legislación incorpora otros aspectos, como la regulación de las redes sociales y la responsabilidad de madres y padres de familia.
En México, 19 estados, entre ellos Aguascalientes, Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León, cuentan con algún tipo de ordenamiento, aunque todavía no existe una legislación federal unificada. De la Cruz Flores recordó que recientemente la Secretaría de Educación Pública realizó consultas con docentes de distintas entidades para avanzar hacia un marco regulatorio.
La discusión cobra relevancia por la presencia que han adquirido estos dispositivos en la vida cotidiana. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 81 por ciento de la población mexicana mayor de seis años utiliza diariamente un teléfono celular. Por ello, sostuvo la académica, es necesario analizar los usos que los estudiantes hacen de estos aparatos y su compatibilidad con los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación.
Janneth Trejo Quintana, investigadora del IISUE, señaló que existen al menos dos razones para limitar su utilización en las escuelas. La primera está relacionada con aspectos pedagógicos y cognitivos, pues el celular puede convertirse en una fuente constante de distracción y afectar el aprendizaje.
La segunda tiene que ver con el acceso a redes sociodigitales y sus posibles efectos en la salud mental. Diversas investigaciones académicas, explicó, han encontrado correlaciones entre el uso de estas plataformas y distintas condiciones psicológicas y emocionales.
Trejo Quintana sostuvo que el uso de estos dispositivos entre niñas, niños y adolescentes implica una responsabilidad compartida entre familias y docentes. Mantener el celular disponible durante las clases, añadió, supone una fuente permanente de interrupciones. Estudios citados durante la conferencia indican que, después de una distracción, recuperar plenamente la concentración puede tomar alrededor de 20 minutos.
La investigadora se pronunció en contra de una prohibición generalizada. En cambio, consideró necesario establecer lineamientos, objetivos y criterios claros para regular su utilización mediante una política pública.
La conferencia formó parte del ciclo Ctrl+ESCuela. Navegar con la tecnología sin naufragar en la escuela, incluido en la exposición colectiva Postescuelas. Futuros en disputa, organizada por el IISUE en el Museo UNAM Hoy.
Sebastián Plá Pérez, también investigador del instituto, advirtió que los celulares no solo afectan lo que ocurre dentro del salón de clases, sino que modifican las formas de socialización entre los estudiantes, por ejemplo durante el recreo, y transforman las relaciones pedagógicas tradicionales.
Uno de sus efectos, explicó, deriva de su “ubicuidad”: un estudiante puede encontrarse físicamente dentro del aula y, al mismo tiempo, permanecer conectado virtualmente a conversaciones, redes sociales y otros espacios ajenos a la clase.
Plá Pérez subrayó, sin embargo, que cualquier regulación debe distinguir entre los distintos niveles educativos, pues el uso de un teléfono celular no tiene las mismas implicaciones en secundaria que en licenciatura o posgrado.
El especialista consideró además que la discusión no puede concentrarse exclusivamente en niñas, niños y adolescentes. Antes de establecer reglas para ellos, dijo, es necesario revisar la relación que los propios adultos mantienen con estos dispositivos y la manera en que madres, padres, docentes y autoridades escolares condicionan, estimulan e influyen en los hábitos digitales de los menores.
Más que partir de una prohibición, concluyó, las políticas públicas deberían considerar el papel que los celulares desempeñan dentro y fuera de las escuelas y establecer criterios que permitan aprovechar la tecnología sin convertirla en un obstáculo para el aprendizaje y la convivencia.
DG