Tortura, amenazas, castigos, revictimización e impunidad. Niños, niñas y adolescentes de México enfrentan los mismos problemas e irregularidades que los adultos cuando tienen contacto con el sistema penal de México, ya sea como víctimas o como perpetradores, asegura la organización Reinserta.
Según su reciente informe, Niñas, niños y adolescentes en contacto con el Sistema de Justicia Penal Mexican,o se identificó que entre 2017 y 2023 28 mil 629 menores de edad tuvieron alguna interacción con el sistema judicial del país.
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A través de 71 entrevistas y 103 cuestionarios en Tamaulipas, Nuevo León, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Chiapas y Yucatán a menores de edad, a sus cuidadores y a actores del sistema de justicia, como abogados, jueces, ministerios públicos, se detectó que es necesario homologar el actuar de las autoridades para realizar tratos diferenciados cuando se trata de menores; esto, con el fin de privilegiar el interés superior de la niñez.
“Resalta la necesidad de capacitar y sensibilizar a los policías, primeros respondientes y personal del Ministerio Público en el trato con adolescentes, para disminuir la vulneración de derechos”, se detalló durante una conferencia de prensa donde se presentó el informe.
Y es que diversos testimonios revelaron que, desde la detención y hasta el encarcelamiento o reclusión, niñas, niños y adolescentes sufren de graves violaciones a sus derechos humanos.
“Los policías que nos detuvieron a mi camarada y a mí nos pusieron una bolsa en la cabeza para ahogarnos, nos pegaban y nos humillaban, sinceramente pensé que me iba a morir. Cuando me presentaron en el Ministerio Público me tuvieron dos o tres días en lo que hacían la investigación, ahí compartía celda con otras seis personas, todos mayores de edad. Hasta después de una semana corroboraron mi edad”, contó Arturo, de 17 años, acusado de narcomenudeo y feminicidio, sobre cómo se realizó su detención.
Pero también la puesta a disposición ante las autoridades registró varias irregularidades: “nos trasladaron al Ministerio Público y nos dejaron ahí 36 horas. Me separaron de las otras personas con las que me detuvieron y me golpearon para que “dijera la verdad” (...) me mostraron fotos de mi familia, principalmente de mi hijo, me dijeron que si valoraba su vida que mejor hablara, o si no iban a terminar embolsados”, contó a Reinserta Karla, una joven detenida a los 17 años acusada de homicidio.
Pero las víctimas no son la excepción. En un caso de abuso de una menor, tras retrasos para ordenar el arresto del agresor, su propio padre y quien comenzó con los abusos desde que la víctima tenía nueve meses, la madre señaló:
“Después de un año, finalmente giraron la orden de aprehensión para el agresor de mi hija, pero para poder hacer efectiva la orden de aprehensión, las personas de la Fiscalía Especializada sugirieron utilizar a mi hija de ‘carnada’, querían que ella acordara con su agresor una reunión, pero yo por supuesto que me negué a exponer a mi hija de esa manera”.
Ante esta situación, una de las principales recomendaciones es que se armonice la aplicación de las leyes de México en materia internacional para proteger los derechos humanos de las infancias, además de establecer una red de abogados voluntarios que puedan dar servicios pro bono a menores de edad.
Se propone, por ejemplo, capacitar a jueces y a autoridades, principalmente primeros respondientes, para el trato con víctimas y con presuntos agresores que son menores de edad.
LP