Tras más de cinco años de que entraron en vigor las leyes que dieron vida al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), este jueves, en el marco del Día Internacional contra la Corrupción, el mecanismo será relanzado con acciones específicas a las que se deberán comprometer los gobernadores de los 32 estados del país.
El acto ha sido convocado por el presidente del Comité de Participación Ciudadana del SNA, Francisco Raúl Álvarez Córdoba, quien a su vez preside todo el sistema, para instalar la Asamblea General del SNA, con la participación de integrantes de todos los sistemas estatales anticorrupción del país, así como con la presencia de los mandatarios de las entidades federativas.
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En la ceremonia, se invitará a los gobernadores, a propuesta de la Conferencia Nacional de Gobernadores y del SNA a que firmen un “Compromiso con el pueblo de México para controlar y combatir la corrupción”.
Con ese documento, a firmar de forma voluntaria y atendiendo la realidad estatal y regional, los mandatarios deberán proponer, para el siguiente año, una acción o acciones dentro del ámbito de sus competencias para combatir este flagelo en los programas sociales, en conjunto con los Sistemas Locales Anticorrupción.
En julio pasado, con motivo del aniversario del nacimiento del SNA, en entrevista con MILENIO, Álvarez Córdoba explicó que al Sistema le faltaba fijar el rumbo con una agenda clara a seguir.
“Necesita lineamientos, criterios, espacios de colaboración, analizar estrategias, canalizarlas, y fijar el rumbo, como Sistema, para la atención de problemas asociados a la corrupción estructural”, explicó entonces.
Álvarez detalló a MILENIO que la instalación formal de la Asamblea General del SNA “permitiría, en esta segunda etapa del sistema, establecer esta agenda en el tiempo, anual, y que esta agenda se vaya materializando en compromisos de acciones puntuales, unificadas, para mover, en torno a compromisos y retos y problemas del propio Sistema, a todos los entes que lo componen”.
En ese momento, Álvarez consideró que no ha habido una visión específica de fijar acciones puntuales como sistema porque no han existido las condiciones para establecerlas.
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La instalación servirá para definir el rumbo de los sistemas, el nacional y los estatales, para trabajar de forma conjunta en una misma dirección y con unos mismos objetivos en todo el país y no por regiones.
“Si el 2023 va a ser el año de la prevención de la corrupción en programas sociales, entonces todo el sistema debe estar abocado no sólo a cumplir sus programas de implementación y sus políticas, sino también a abordar de forma estructural este problema”, explicó.
El presidente del CPC dijo que en los primeros cinco años se han construido herramientas como la Política Nacional Anticorrupción, su programa de homologación, y 24 políticas estatales, así como la Plataforma Digital Nacional, entre otros, pero opinó que aunque constituyen un buen piso, ya no son suficientes.
“La primera etapa de consolidación nos ha dejado buenos instrumentos tecnológicos y de política pública, pero ya no son suficientes; yo creo que en esta segunda etapa del sistema, necesitamos innovar, colaborar, necesitamos refrendar las voluntades institucionales, pero sobre todo utilizar este espacio público que fue ganado en 2015 con mucho trabajo y mucha reflexión de la sociedad civil y de algunos legisladores que creyeron en esto”, comentó.