De las más de 730 denuncias penales que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha presentado desde 2000 hasta finales de 2017 contra gobiernos municipales, estatales y dependencias federales, 548 continúan en integración y 94 están reservadas, pues faltan elementos para comenzar su integración; en 41 se determinó el no ejercicio de la acción penal, 23 ya fueron consignadas, dos están en proceso de instrucción y una ya cuenta con una sentencia.
De acuerdo con información proporcionada por la ASF a MILENIO sobre el estatus procesal de cada una de las denuncias penales derivadas de la revisión a las cuentas públicas de 1998 a 2015, los 30 amparos promovidos detienen procesos contra los gobiernos de Chiapas, Veracruz y del Estado de México, así como de las secretarías de Educación (SEP), de Agricultura (Sagarpa) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
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Sin embargo, sin dar explicación, la información entregada por la ASF en respuesta a solicitudes de transparencia no incluyó los casos de la denuncias contra otras entidades fiscalizadas, como paraestatales, fideicomisos e instituciones, como el Issste, el IMSS o el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.
La ASF presentará hoy los resultados de la fiscalización correspondiente a la cuenta pública 2016.
Al 31 de enero de 2018, la ASF ya acumuló 912 denuncias penales derivadas de la revisión a las cuentas públicas de 1998 a 2016, así como simulaciones de reintegros.
En el caso de las denuncias contra gobiernos estatales, 24 están detenidas por amparos, 293 están en integración, 18 en reserva, en 15 se determinó no ejercer acción penal y en dos ya hubo consignación.
En el caso de las denuncias contra dependencias federales, en 24 no se ejerció acción penal, en 19 se consignó, hay seis con amparos, 74 en reserva, 151 en integración, hay una sentencia y una en proceso de instrucción.
En el caso de los gobiernos municipales, en dos no se ejerció acción penal, hay 103 en integración, dos en reserva, dos consignadas y una en proceso de instrucción.
La sentencia contra una dependencia federal se trata de alguna relacionada con las siete denuncias interpuestas en 2011 por la auditoría número 347, que se realizó a la Sagarpa para revisar un monto de 380 millones de pesos de la cuenta pública de 2009, utilizados en el Programa de Fortalecimiento a la Organización Rural.
En esa auditoría se detectó que hubo asignaciones discrecionales, apoyos duplicados, falta de documentación comprobatoria y facturas apócrifas, entre otras.
De dicha revisión, se determinó un monto de 80 millones de pesos como recuperación probable. La información proporcionada por la ASF no permite identificar a quién y cuándo se sentenció derivado de esas denuncias, ni tampoco en qué consistió la sentencia.
De los datos proporcionados por la ASF, solo se pudo identificar una denuncia a un órgano autónomo, el entonces Instituto Federal de Transparencia y Acceso a la Información (IFAI), contra el que se presentó una queja penal en 2013 derivado de la auditoría número 100 por la cuenta pública 2011, en donde se detectaron irregularidades en la contratación de empresas que ofrecen el servicio de limpieza. Dicha denuncia sigue en integración.