De acuerdo con el estudio Discriminación y violencia contra las mujeres, presentado por la Red de Mujeres Sindicalistas (RMC), en alianza con la Fundación Friedrich Ebert Stiftung, en los sectores patronal y sindical existe una resistencia a crear protocolos que permitan eliminar la discriminación laboral contra las mujeres.
El documento también señala que se debe realizar una evaluación profunda a la capacitación que reciben los operadores jurídicos de las empresas, para garantizar la protección y derechos de las mujeres.
A este respecto, la autora del estudio, Andrea Medina, explicó que en el país existe una distinción de género en el servicio público lo cual genera discriminación, por lo que es necesario centrarse en la operatividad de las normas, con el propósito de lograr vincular en los procesos la igualdad sustantiva.
"Los derechos laborales deben concebirse como derechos humanos: los espacios laborales deben ser fuente de transformación y cambio social", mencionó Medina.
A este respecto la coautora del estudio, Dafne Peña, consideró fundamental que la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos establezca sanciones para quienes realicen actos de hostigamiento sexual o laboral contra las mujeres, además de que los juzgadores deben emitir las sentencias con perspectiva de género.
Por su parte, Leticia Bonifaz, especialista del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres de la ONU, refirió que el Poder Judicial ha sido clave en los avances de derechos laborales para las mujeres, pues mediante la emisión de sentencias ha logrado fijar precedentes en favor de las mujeres.
En ese sentido, la senadora por Morena, Martha Lucía Micher, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género del Senado, expresó que los indicadores plasmados en el documento permiten conocer los avances y retos legislativos, entre los que destacó en la reforma laboral se incluyó la igualdad sustantiva, con lo que se garantizó el pleno ejercicio de los derechos laborales de las mujeres.
Por último, la investigadora de la UNAM, Aleida Hernández, puntualizó que se debe aplicar una perspectiva de género en la instrumentación jurídica del acceso a la justicia y la capacitación de los operadores jurídicos, quienes son los que miran, interpretan y aplican la ley.
JLMR