Debido a un vacío en la ley, los tribunales federales electorales no pueden determinar la sanción que se impondrá al gobernador Jaime Rodríguez Calderón acusado de desvío de recursos durante su campaña a la presidencia de la República, por lo que esa responsabilidad recae en el Congreso local, afirmó el magistrado de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Yairsinio García Ortiz.
El magistrado aclaró que los tribunales federales sí pueden determinar responsabilidades relacionadas con delitos electorales, pero no pueden establecer las sanciones, ya que esto corresponde al superior jerárquico del infractor.
"Lo que establece la ley es que tratándose de servidores públicos que violen el artículo 134 se dará vista al superior jerárquico, porque no hay una reglamentación de sanción directa por parte del tribunal, sino que todo lo remite al superior jerárquico.
"Como un gobernador no tiene superior jerárquico se da vista al Congreso porque es el único que puede establecer responsabilidades y sanciones para el gobernador constitucional", dijo.
El magistrado reconoció que está situación surge por un vacío en la ley y que podría evitarse si se realizara una reforma a la legislación electoral.
"Es un vacío de la ley en cuanto a que si (como Tribunal) estableces una responsabilidad debes de establecer una sanción, pero como en este caso no está previsto un catálogo de sanciones es por eso que se deriva con el Congreso local.
"Esta problemática tal vez pudo salvarse si previamente se hubiese establecido, a través de una reforma, ese catálogo de sanciones que debería de imponerse de una vez en el orden federal", afirmó.
Para no incidir en el proceso, el magistrado evitó emitir una opinión sobre el método que debería realizar el Congreso local para sancionar al gobernador.
Lo anterior debido a que existen posturas encontradas de los legisladores sobre cómo se debería establecer una posible destitución, si mediante un juicio político o por votación en el Pleno.
"Está en el ámbito completamente de la autonomía y función del Congreso local; ellos tienen toda la capacidad de resolver por la vía que ellos determinen y, en dado caso, hay autoridades que podrían revisar jurisdiccionalmente eso", concluyó Yairsinio García Ortiz, en entrevista para MILENIO Monterrey.
Jaime Rodríguez Calderón fue denunciado por utilizar el aparato de gobierno para recabar firmas para su candidatura independiente a la presidencia, el año pasado.