La renovación de la Presidencia de la República en 2024 también se definirá desde las rejas. Pero el descontrol de los centros penitenciarios, el retraso en la actualización de los registros de personas sin sentencia en cada penal del país, el control de los propios grupos criminales al interior, la falta de seguridad para el personal electoral, la doble identidad de las personas recluidas y el desinterés por participar, son un reto para el INE.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió una sentencia en 2018 en la que reconoció el derecho al voto de las personas en prisión preventiva, es decir, que al no tener una sentencia no se les han suspendido sus derechos político-electorales y que según las estadísticas, son el 40 por ciento del total de la población recluida; por lo que ordenó generar programas pilotos para que en 2024 pudieran votar por la renovación presidencial.
- Te recomendamos Todo está listo para las elecciones del 5 de junio: Lorenzo Córdova Política
Sin embargo, las deficiencias históricas en el sistema de justicia y penitenciario quedaron exhibidas en las pruebas piloto que se han realizado en las elecciones de 2021, y la semana pasada en el proceso electoral de Hidalgo, donde solicitaron emitir su voto anticipado 130 personas en cuatro penales estatales para elegir a quien ocupará la gubernatura los próximos seis años.
En entrevista con MILENIO, las consejeras Dania Ravel y Claudia Zavala destacaron que la elección presidencial estará marcada por este avance en materia de derechos humanos, pero con retos que deberán resolverse en los próximos meses para que se trate de un derecho al que todas las personas en esta condición puedan acceder.
“No existía ninguna justificación para que a una persona que está en prisión preventiva no se les permita votar. Lo que pasaba era que por una cuestión meramente física, un impedimento material de trasladarse a las casillas, no se les permitía ejercer su derecho a votar, que es un derecho humano. Pero si estas personas tenían el derecho a votar y no podían trasladarse a las casillas, lo que nos correspondía como Estado mexicano, es poner las condiciones para que estas personas sí pudieran ejercer este derecho”, destacó Ravel.
La consejera explicó los retos que se han enfrentado en estos programas pilotos implementados en los más recientes procesos electorales, el primero, dijo, fue identificar a cada una de las personas sin sentencia porque “no se llevaba un registro específico por parte de las autoridades”, pues incluso, el corte más reciente de Prevención y Readaptación Social es de marzo pasado; por lo que se tuvo que realizar un diagnóstico que también llevó a otras complicaciones.
“El segundo reto es que ese análisis puede modificarse, ya sea porque en ese primer análisis a esa persona le dicten sentencia y entonces sí tenga suspendidos sus derechos y ya no podía votar, o al revés, porque salga en libertad, eso puede ir variando”.
Ravel reveló que otro de los problemas con que se han topado, es que varias personas, particularmente mujeres, tienen diversos nombres o están registrados con distintos nombres, por lo que al INE le ha sido imposible comprobar su identidad para que ejerzan su derecho.
Otro caso fundamental, es la falta de seguridad en los penales que ha impedido que incluso con la sentencia del TEPJF y con la legislación local en el caso de Hidalgo, este derecho pueda ser universal.
“No depende nada más de nuestra voluntad ingresar la penal. En caso de Hidalgo, únicamente se dio el acceso a cuatro centros penitenciarios de los 15 que se tienen. Nosotros pedimos estrictamente que se nos garantice la seguridad y nos dijeron que eran esos, en principio, en los que podíamos tener esas garantías”.
Pero no sólo eso, las condiciones de los espacios tampoco son favorables para poder llevar a cabo una jornada electoral, los 11 centros penitenciarios que la semana pasada no pudieron garantizarle este derecho a las personas sin sentencia, también argumentaron que no contaban con el espacio para colocar la mesa de votación, en la que estarían las y los funcionarios de casilla, la mampara para que las personas puedan votar de manera libre y secreta y la casilla.
- Te recomendamos Tras simulacros, IEEH garantiza operatividad del PREP Política
Claudia Zavala agregó que aunque hay personas con poco tiempo en prisión, tampoco cuentan con una credencial de elector vigente y eso también restringe el que puedan ejercer su derecho. Además de que otras, no tienen interés en participar.
Anticipó que el Consejo General del INE seguramente implementará en 2024 el voto anticipado como en estos programas piloto, para que como lo hacen los mexicanos en el extranjero, las personas en prisión voten vía postal, en sobre cerrado días antes de la jornada en todo el país.
Zavala explicó que este año, únicamente se realizó este programa en Hidalgo porque además de la sentencia del TEPJF, los legisladores locales establecieron este derecho para la entidad; por lo que en el 2022 podría llevarse otro programa piloto en las elecciones de Coahuila y el Estado de México, si así lo establece el Consejo General del INE o si los congresos locales legislan en la materia para sus entidades.
Las consejeras destacaron que aunque son varios los retos, hubo avances entre el voto en prisión en 2021 y el de este año, pues en Hidalgo, el año pasado no fue posible contar con observación electoral y sólo asistieron de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, lo que la semana pasada ya fue posible implementar, por lo que confiaron que en la renovación presidencial del 2024 se puedan corregir las deficiencias y maximizar los derechos político-electorales de quienes pueden ejercerlos.
FS