La corrupción también imperaba en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde el pasado 27 de marzo murieron 40 indocumentados y 25 más resultaron heridos durante un incendio.
En la audiencia del comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, en la que fue imputado por este caso, la Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer extractos de declaraciones de sobrevivientes, quienes revelaron que personal de seguridad les exigía mil dólares para poder ser liberados de este centro de detención.
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Más de un indocumentado coincidió en su declaración ministerial en señalar que estos actos de corrupción eran cometidos tanto por personal del INM como de los guardias de seguridad de la empresa privada Tank.
En el caso del testigo identificado como MAGB, en su entrevista ministerial rendida el pasado 29 de marzo, incluso detalló las características del personal de seguridad que realizaban estos negocios al interior de la estación migratoria, y quienes ya están vinculados a proceso por este caso.
Otro migrante sobreviviente al incendio, identificado como JCDJG incluso aseguró que un grupo de indocumentados pagaron lo exigido por el personal del INM y los guardias de seguridad privada, “y se fueron el mismo día”.
En este caso, de acuerdo a lo relatado por la agente del Ministerio Público de la Federación, el migrante de origen hondureño incluso describió al guardia de la empresa Tank a quien le entregaron el dinero.
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Quizá por este lucrativo negocio, en la estación migratoria de Ciudad Juárez no registraban inmediatamente a todos los indocumentados que llegaban, como consta en la carpeta de investigación que, el día que ocurrió el incendio, arribaron unos 25 venezolanos que no fueron registrados y que se sabe de su existencia porque en ese grupo están los dos señalados por encender las colchonetas que originaron el incendio.
Pero ese no era el único acto de corrupción de los guardias de seguridad en esta estación migratoria, pues durante la audiencia también quedó acreditado que les vendían a los indocumentados cigarros con todo y encendedores.
Esto, a pesar de que, a través de un oficio con terminación 0272, con fecha del pasado 10 de enero, se le ordenó a todo el personal evitar actos de comercio con los migrantes.