El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó a la empresa Tren Maya S.A. de C.V. dar a conocer los reportes de las 22 incidencias presentadas en el servicio de transporte ferroviario desde su inauguración, el 15 de diciembre pasado, hasta febrero del 2024.
Al resolver un recurso de revisión, el pleno del instituto coincidió en que el argumento que la empresa dio para negar los datos requeridos, al temer un sabotaje al tren, no está sustentada, por lo que debe transparentar la información que un ciudadano le pidió.
Un ciudadano pidió conocer el número de interrupciones en el servicio que ha tenido los tramos inaugurados del Tren Maya desde el 15 de diciembre del año pasado al 19 de febrero, fecha de presentación de la solicitud; además, cuántas interrupciones del servicio han sido en el primer tramo, de Campeche a Cancún, y cuántas en el tramo Escárcega a Calkini.
Asimismo, pidió conocer las fechas de las interrupciones del servicio y el tiempo que ha durado cada una, así como todas las incidencias que ha habido en el servicio del Tren Maya, el catálogo y las definiciones de estas incidencias.
En la respuesta inicial, la empresa Tren Maya negó la existencia de interrupciones en el servicio, pero señaló que localizó 22 incidencias, de las cuales reservó los registros con el argumento de que cualquier información relacionada con el servicio del Tren Maya debe protegerse para evitar destrucción o sabotaje y poner en riesgo la seguridad nacional.
A pesar de que negó la existencia de interrupciones en el servicio, el ciudadano únicamente se quejó ante el INAI por la clasificación, como “reservada”, de la información relacionada con los incidentes.
El recurso fue turnado a la ponencia de la comisionada Del Río y al comenzar la investigación del caso, los funcionarios del Tren Maya insistieron ante el INAI en que si proporcionaban esos documentos que revelan las incidencias ocurridas, expondrían la capacidad de la reacción operativa del Tren Maya S.A. de C.V., que la información solicitada podría ser utilizada por grupos delictivos para planificar actividades ilícitas, que podría generar desconfianza en la población hacia el uso del Tren Maya y finalmente, que esos reportes de incidencias forman parte importante del proceso deliberativo para, en su caso, fincar responsabilidades.
Al exponer el caso ante el pleno, la comisionada Julieta del Río lamentó que últimamente, se ha puesto de moda entre los sujetos obligados negar información pública no sólo con el argumento de la “seguridad nacional”, sino también por “formar parte de procesos deliberativos”.
Ante tales alegatos de los funcionarios del Tren Maya, la ponencia de la comisionada les pidió más información para poder analizar, con una prueba de daño, si revelar los datos requeridos verdaderamente se pondría en riesgo al tren y si alterarían el proceso deliberativo al que se refería.
En el análisis del caso, la ponencia de la comisionada determinó que los reportes de incidencias únicamente señalan datos generales, como qué pasó en cada uno de los tramos, como cualquier nota periodística cuando pasa un accidente, y que no se trata de ninguna información reservada.
Además, encontró que el proceso deliberativo referido es respecto del acta de la entrega-recepción de FONATUR-Tren Maya SA de CV a la empresa de participación estatal mayoritaria llamada Su Tren Maya SA de CV, proceso que concluye el 12 de septiembre del 2024 y en el que no se involucra la información que solicitó el ciudadano.
“Por ello, no se actualiza la reserva de la información con el argumento del ‘proceso deliberativo’”, dijo la comisionada y concluyó que la difusión de la información solicitada “no representa un riesgo o una amenaza a la seguridad nacional”.
En su posicionamiento, la comisionada lamentó que al reservar, de entrada, el historial de incidencias del Tren Maya, “el sujeto obligado en cuestión demuestra que, desde su perspectiva es preferible que la ciudadanía no conozca los procesos internos y sus decisiones y se argumenta en que la entrega de esta información podría implicar o que esté detrás una intención de sabotaje y lo que argumenta”.
Eso, dijo, “refleja esta concepción negativa que, de hecho, va en contra del derecho a saber garantizado en el artículo sexto constitucional”.
Afirmó que “el INAI y los 32 organismos locales de transparencia existimos para impulsar la otra perspectiva, la del derecho humano a conocer cómo operan las autoridades públicas para poderlas vigilar, pero, sobre todo, exigirles cuentas ante esa información que requieren los ciudadanos y que se le niega fundamentando cosas que no pueden ser, como es en este caso”.
LG