Dos multas millonarias que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) había impuesto durante el primer año de este sexenio a funcionarios del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y del Instituto Politécnico Nacional (IPN) por presuntos actos de corrupción se ‘tambalean’, pues al menos una de ellas ya fue revocada en una primera instancia.
Esas dos sanciones económicas que sumaban la cifra histórica de 27 millones 102 mil 319 pesos habían sido reportadas por la dependencia en los Anexos Estadísticos del Primer Informe de Gobierno como multas que se habían aplicado en los primeros meses de la nueva administración y que supuestamente no habían sido impugnadas y estaban vigentes.
Sin embargo, en una respuesta a una solicitud de transparencia formulada por MILENIO, la Secretaría informó que después de haber sido reportadas en el informe de gobierno como sanciones vigentes, las personas servidoras públicas responsables impugnaron dichas multas.
Sin embargo, según la información disponible, no se conoce el monto real de la multa que ya fue revocada en una primera instancia.
La cifra publicada en el Primer Informe de Gobierno destacó por dos razones: primero, porque se trataba de dos sanciones que, en promedio, ascendían a 13.5 millones de pesos cada una, pues no se especificó el monto real de cada caso.
Ese promedio las colocaba entre los tres montos promedio más altos de sanción económica que se han aplicado en los últimos años.
Pero también porque representaba un inicio de sexenio contundente, al haber sido multas aplicadas de octubre de 2024 a junio de 2025.
El informe de gobierno no especificó en qué instituciones de la Administración Pública Federal se habían impuesto esas dos sanciones económicas.
Al atender una primera solicitud de transparencia formulada por MILENIO, la Secretaría detalló que se trataba de dos expedientes iniciados en los Órganos Internos de Control (OIC) del SAT y del IPN, respectivamente.
Uno de ellos, el del SAT se inició en el año 2018, según el número de expediente, y el otro, el del IPN, es del año 2024.
Sin embargo, ni en el informe ni en la respuesta de transparencia se proporcionaron detalles sobre los motivos por los que se impusieron esas sanciones tan elevadas.
De acuerdo con el artículo 78 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la autoridad que puede imponer sanciones económicas es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) en caso de faltas graves, mientras que la Secretaría y sus órganos de control solo pueden imponer amonestaciones, suspensiones, destituciones e inhabilitaciones.
No obstante, la documentación obtenida especifica que las sanciones económicas en este caso fueron impuestas por los OIC del SAT y del IPN, es decir por áreas de la Secretaría, por lo que faltan detalles para conocer por qué se decidió así.
“Se entregarán expedientes cuando los encuentren”
En la respuesta a la primera solicitud de información, en la que MILENIO requirió cada uno de los expedientes de dichas sanciones, que supuestamente no habían sido impugnadas, la Unidad de Combate a la Impunidad de la SABG informó que no contaba con esa documentación.
Por lo tanto, remitió la petición a la Coordinación General de Órganos de Control y Vigilancia de la dependencia.
Sin embargo, en una respuesta atípica, la Dirección General de Transparencia y la Unidad de Transparencia de la Secretaría informó a MILENIO que los expedientes requeridos serían entregados cuando dicha Coordinación General los encontrara, incluso fuera del tiempo establecido en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) para responder a las solicitudes de los ciudadanos.
“(…) En consideración a los tiempos establecidos en la LGTAIP para responder las solicitudes de información, en cuanto se cuente con la respuesta puntual por parte de los OIC referidos, se enviará en alcance a través del correo electrónico proporcionado”, respondió el área.
La documentación nunca llegó, pero como ya se contaba con los números de expedientes, MILENIO procedió a realizar nuevas solicitudes de información en la que se pidieron con más exactitud los documentos de interés.
“Es información reservada”
En respuesta a las nuevas solicitudes de transparencia, el OIC del IPN informó que la información señalada en los anexos estadísticos del Primer Informe de Gobierno reporta datos con corte al 30 de junio de 2025 y que “es correcta”.
No obstante, añadió, “posterior a la fecha del referido corte, el expediente presentó un cambio en el Registro de Servidores Públicos Sancionados, en atención a los tiempos procesales previstos en la legislación aplicable”.
Así, detalló que “del análisis de las constancias del expediente antes mencionado, se desprende que se interpuso medio de impugnación por la entonces presunta responsable en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, determinando fundada la Revocación para efectos”.
Por ello, solicitó que el expediente en cuestión “sea clasificado como reservado” por un periodo de un año, debido a que “está transcurriendo el término para la interposición de algún medio de defensa, así mismo (para) evitar la vulneración de derechos al debido proceso y la conducción de expedientes de procedimiento de responsabilidad administrativas”.
Por su parte, el OIC del SAT también informó “se interpuso medio de impugnación por la entonces presunta responsable”, pero no reveló si ya hubo una primera resolución derivado de dicha inconformidad.
Añadió que “actualmente se encuentra transcurriendo el plazo para la interposición de medios de impugnación; razón por la cual, se solicita que el expediente sea clasificado como reservado”.
Sanciones altas con la 4T
De acuerdo con las cifras del anexo estadístico del informe, el monto promedio de las sanciones económicas aplicadas a funcionarios públicos en el primer año del gobierno de Claudia Sheinbaum se colocaría como el tercero más alto desde el año 2000.
El monto promedio de sanciones económicas más alto se impuso en el 2023, en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, cuando se aplicaron 12 sanciones por 694 millones 158 mil 599 pesos, por lo que cada una de esas multas ascendió en promedio a 57.8 millones de pesos.
El segundo monto más alto es del 2020, también con López Obrador, cuando se aplicaron 112 sanciones por mil 873 millones 373 mil 975 pesos, por lo que cada una de esas multas ascendió en promedio a 16.7 millones de pesos.
En 2025, en el primer año de Claudia Sheinbaum, cada una de las dos sanciones reportadas ascendían en promedio a 13.5 millones de pesos, pero derivado de las impugnaciones, la estadística puede cambiar.
LG