Revisarán impugnación a códigos y leyes castrenses

Quejas de CNDH. El pleno pondrá lupa en el primer trimestre del próximo año al registro de detenciones y la justicia militar

Sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. (Especial)
Rubén Mosso y Cecilia Ríos
Ciudad de México /

La Suprema Corte agendó para el próximo 24 de enero y 14 de marzo de 2023 la discusión de las acciones de inconstitucionalidad que promovió la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) contra la Ley Nacional del Registro de Detenciones, así como contra el Código de Justicia Militar y el Código Militar de Procedimientos Penales.

Lo anterior fue notificado a la Cámara de Diputados, luego de que el pasado 8 de diciembre el pleno de la Corte aceptó la petición de resolver de manera prioritaria dichas acciones.

Los ministros también acordaron discutir las acciones de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, y de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, así como el Acuerdo que dispone de la fuerza armada permanente en labores de seguridad pública.

La primera acción que será discutida está en manos del ministro Javier Laynez Potisek. El asunto quedó registrado con el número 19 de los casos que se abordarán a partir del próximo 3 de enero. Se espera que a principios de 2023 éste dé a conocer públicamente el proyecto de sentencia que someterá a discusión.

De acuerdo con la acción de inconstitucionalidad, la CNDH señaló que la Ley Nacional del Registro de Detenciones no prevé la actuación que deberá desplegar éste y su personal cuando acontezcan hechos que pongan en riesgo la información recabada en la materia.

Por otro lado, estima que se permiten, al menos, dos interpretaciones sobre el registro de las detenciones por parte de la Fuerza Armada permanente, lo cual genera incertidumbre jurídica.

Asimismo, la CNDH impugna las reformas al Código de Justicia Militar y el Código Militar de Procedimientos Penales, particularmente la extensión de la jurisdicción militar sobre personas civiles, libertad personal y derecho de acceso a la información.

Así como libertad de tránsito, derecho al debido proceso, a la seguridad jurídica, a la integridad personal, a la protección de datos personales, de presunción de inocencia, entre otros. 


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