La consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Dania Ravel, explicó que las áreas técnicas del organismo deberán presentar al Consejo General “todos los escenarios posibles” para acatar la orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y continuar con la revocación de mandato, pero dejó claro que la autoridad electoral no afectará otras de sus obligaciones sobre lo que hasta ahora, sigue siendo una “expectativa de derecho”.
En entrevista con MILENIO, Dania Ravel quien votó a favor de posponer las actividades de revocación de mandato a partir de enero ante la insuficiencia presupuestal, explicó que el Consejo General tendrá que reunirse en las próximas horas con las áreas técnicas para que “presenten todos los escenarios y tomemos una decisión”.
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Insistió en que lo que más encarece el ejercicio es el mandato legal de instalar el mismo número de casillas de una elección federal, pues eso multiplica los costos, por lo que “es evidente que si bajamos el número de casillas, baja también el costo”, pero reiteró que está autorización también tendrá que ser expresa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que analice el fondo.
Anteriormente, MILENIO publicó que la semana pasada, el Consejo General analizó un “plan B” para ajustar la revocación al presupuesto con que cuentan, que contemplaba 65 mil casillas en lugar de 162 mil, es decir, el 40 por ciento de lo que obliga la ley; sin embargo, algunas consejeras y consejeros insistían en que si se modificaban otros costos podrían llegar hasta a 90 mil casillas, lo que fue rechazado por implicar una violación legal que el INE no puede tomar por sí solo.
No obstante, la consejera Dania Ravel sostuvo que con la resolución de la SCJN se deberá tomar la mejor decisión sin exceder los límites legales.
“Tenemos que ver todas las vertientes, no estamos cerrados a ninguna de las opciones que nos han dado también las y los colegas, los analizamos y los escuchamos y a partir de eso damos nuestros argumentos.
“Yo creo que tenemos que analizar absolutamente todas las opciones que se nos presenten, y ver que efectivamente, con estas opciones se pueda generar una consulta de revocación de mandato seria, confiable y tomar la mejor decisión, pero son cosas que tenemos que revisar puntualmente”, resaltó.
También destacó que es importante tomar en cuenta que este acuerdo de la SCJN no es la resolución de fondo e insistió en que el INE no está afectando ningún derecho pues la participación ciudadana en la revocación de mandato del presidente de la República sigue siendo hasta ahora, una mera expectativa hasta que no se tengan 2.7 millones de firmas.
“Es una resolución incidental, no es una resolución de fondo y entonces se tiene que ver en esa dimensión, el que todavía falta un pronunciamiento de fondo. Lo primero es que el INE ya hizo ajustes presupuestales para el 2022, en esa parte nosotros ya cumplimos y desde mi perspectiva, el INE no ha violado ningún derecho político, que también son derechos humanos que en este caso en específico, es el derecho de participación de la ciudadanía en un proceso de democracia directa, porque como ya lo decía en su momento el ministro instructor del primer incidente González Alcántara Carrancá, él no concedió la suspensión porque la revocación de mandato es un hecho futuro e incierto.
“A partir de eso, nosotros no podemos dar por sentado que existe una afectación a un derecho, es una expectativa de derecho, es algo que todavía no se concreta y por tanto no existe todavía ese derecho real de que se tenga que hacer porque hay un mandato de la ciudadanía, y en ese sentido no hay ninguna afectación, porque esa expectativa aún sigue pudiendo concretarse porque nosotros no suspendimos la recolección de firmas ni la verificación, por lo tanto eso sigue en marcha y no hay ni siquiera una posible afectación a ese derecho”, dijo.
Ravel también recalcó en que el INE ha ponderado derechos y no pondrá en riesgo otras de sus obligaciones como las elecciones del próximo año para renovar seis gubernaturas o la emisión de credenciales de elector, ante un incumplimiento presupuestal de la Cámara de Diputados.
“Incluso la propia Corte tiene una jurisprudencia muy interesante, la jurisprudencia 87 de 2017 en donde ya cuando se habla de una posible afectación a derechos humanos, dice que se puede justificar, a lo mejor no cumplir con el principio de progresividad de los derechos humanos siempre y cuando se justifique y se compruebe que no se tienen recursos, que se hizo todo lo posible para conseguir esos recursos y que si en su momento no se está cumpliendo con algún derecho es por cumplir con otro derecho.
“Y nosotros hemos hecho una priorización de los derechos de la ciudadanía como son las elecciones del próximo año que se van a llevar a cabo en seis entidades federativas, para no quitarle recursos a algo que ya tenemos la certeza que sí se va a realizar y que incluso, ya han iniciado los procesos electorales a diferencia de lo que ocurre con la de revocación de mandato”, afirmó.
FLC