Ley de Hidrocarburos no busca nacionalizar el sector sino poner orden: Monreal

El senador dijo que no se trata de una expropiación sino de tener un marco legal claro y eficiente para asegurar que las empresas que incumplan la ley no evadan sus responsabilidades.

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal. (Captura de pantalla)
Silvia Arellano
Ciudad de México /

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, rechazó que la reforma a la Ley de Hidrocarburos se trate de una nacionalización disfrazada, por el contrario, “busca ordenar el sector, con mayores controles en el otorgamiento de permisos”.

En conferencia de prensa virtual, el legislador dijo que no se trata de una expropiación sino de tener un marco legal claro y eficiente para asegurar que las empresas que incumplan la ley no evadan sus responsabilidades.

Recordó que en 2019 un ex consejero de Pemex estimó que el equivalente a mil 700 pipas diarias de combustible se contrabandea a través de tres aduanas en Tamaulipas, y que el daño a la Hacienda Pública por evasión fiscal se estimaba, en ese entonces, en 200 mil millones de pesos al año.

Este mercado ilícito de combustibles -denunció el senador- representa un ingreso de 20 mil millones de dólares anuales a diversas organizaciones criminales. Por ello, el objetivo de la iniciativa es que Petróleos Mexicanos (Pemex) se fortalezca, que toda la gasolina consumida en México sea procesada aquí mismo y las ganancias se queden en el país. Además, se busca que no haya aumento a los precios del combustible, indicó. 

Monreal recordó que, el 26 de marzo, el Presidente de la República envío al Congreso la iniciativa para reformar los artículos 52, 53, 56 y 57 de la Ley de Hidrocarburos, la cual fue turnada para su análisis a las Comisiones unidas de Energía y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

Monreal detalló que la propuesta plantea que las empresas que quieran un permiso de distribución deberán contar con la capacidad de almacenamiento instalada que determine la autoridad.

Propone reemplazar la afirmativa ficta por la negativa ficta, es decir, si en 90 días las autoridades competentes no emiten una decisión sobre la cesión de un permiso, se entenderá que se ha desechado.

Tanto la Secretaría de Energía como la Comisión Reguladora de Energía podrán suspender los permisos expedidos de forma temporal o definitiva. No existe ninguna actitud arbitraria, sino simple y sencillamente garantizar la seguridad energética de la nación.

Al respecto, indicó que no son ciertos los reportes que hablan de 20 mil contratos de importación de gasolinas en riesgo. Al inicio de esta administración, detalló, había cerca de mil 70 permisos de importación de gasolina, diésel, aceites y combustibles.

Actualmente, reveló, el número de permisos vigentes es de menos de 200; 110 permisos para importar gasolina y 78 para importar diésel.

JLMR

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