Ricardo Monreal y Germán Martínez, senadores de Morena, propusieron la conformación de una Comisión Especial para investigar los actos de impunidad, corrupción y captura privada del Estado mexicano (cuando el capital privado tiene la capacidad suficiente de manipular a un gobierno para salvaguardar sus intereses en detrimento del bien común).
Los legisladores presentaron al Pleno un punto de acuerdo para dar cuenta que esta comisión será plural, atenderá los principios de proporcionalidad y equidad y contará con techo presupuestal propio garantizado hasta el término de sus labores.
La comisión podrá elaborar un informe con los hallazgos, así como con las investigaciones respectivas, a efecto de recabar la información necesaria que pueda aportarse a la Fiscalía General de la República (FGR), y que puedan conducir a la captura de involucrados en los distintos actos de impunidad, corrupción y captura privada del estado mexicano que sean procedentes.
Además, en el marco de las facultades del Senado “y bajo los más altos estándares de protección a los derechos humanos” podrá realizar investigaciones pertinentes relativas a actos de impunidad, corrupción y captura privada del estado mexicano, “incluyendo sin limitar citar a comparecer a los involucrados a que expongan su versión de los hechos”, requerir todo tipo de información a las dependencias involucradas y asistir a la FGR en la conducción de las investigaciones que sobre la comisión de los delitos se realice, o bien, que de la información obtenida se puedan emprender.
La comisión especial deberá conformarse atendiendo a los principios de proporcionalidad y equidad, y deberá contar con un techo presupuestal propio y garantizado hasta el término de sus labores, a efecto de que ésta cumpla debidamente con el desarrollo de los trabajos para la cual fue creada, al tiempo de garantizarle autonomía funcional durante su encargo.
Dicha comisión deberá contar con un presidente, mismo que será cualquiera de los senadores, según sea el caso, que integren la comisión especial, así como un secretario técnico con experiencia y trayectoria en materia de derechos humanos, derecho de empresa y anticorrupción.
Además, tendrá a su cargo la labor técnica de recopilación, análisis y sistematización de las actuaciones emprendidas por la comisión especial, teniendo a su cargo un cuerpo de asesores especializados, el cual no podrá ser mayor a tres asesores.
Una vez conformada la comisión especial se solicita que a esta se le atribuyan todas las facultades necesarias para celebrar todo tipo de colaboraciones institucionales con las autoridades respectivas, así como con organismos internacionales, a efecto de llevar a cabo un informe relativo a los actos de impunidad, corrupción y captura privada del estado mexicano correspondientes al periodo de tiempo que para tal efecto determine la comisión.
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