La directora general del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Margarita Ríos-Farjart, afirmó que asume el “costo político” y que “no habrá marcha atrás” por la salida de cientos de empleados de la dependencia, como parte de las medidas de austeridad del gobierno federal.
En entrevista, comentó que esta decisión obedece al mandato de la ciudadanía el pasado 1 de julio, donde votaron por una administración más reducida.
“El Presidente prometió en campaña un gobierno austero y más eficiente. La elección de julio refrenda la decisión popular de esas políticas y obliga a una reorganización interna y no es un proceso fácil, ni terso, son difíciles; sin embargo era un reclamo popular que implica una reorganización”, afirmó.
“En el caso particular del SAT teníamos muchas condicionantes, un presupuesto de egresos, un techo muy reducido en comparación con el año anterior, específicamente en el ramo de nóminas”, detalló.
La funcionaria se comprometió a revisar de manera particular los casos de quienes hayan sufrido violaciones de derechos humanos o laborales, pues “no somos insensibles”, aseveró.
Ríos-Farjart explicó que con las reducciones presupuestales pasaron de 12 a 8 administraciones federales, y de 102 a 80 centrales en todo el país, por lo que la reducción de nóminas también se vio reducidas.
Por segundo día consecutivo, cerca de 40 trabajadores del SAT protestaron frente a Palacio Nacional para pedir al presidente Andrés Manuel López Obrador que atienda los despidos.
Coparmex, contra Ley Gandalla
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) expuso que luego de la aprobación de la reforma que elimina la compensación universal de impuestos federales, a la que llamó Ley Gandalla, acordó con el SAT que analizarán la posibilidad de que, a través de reglas de carácter general expedidas por la Secretaría de Hacienda, se permita que los saldos a favor que se generen hasta el 31 de diciembre de 2018 se puedan compensar contra impuestos de distinta naturaleza en enero de 2019. “No obstante, por tratarse de normas de procedimiento ya no se podría hacer en los términos de la nueva Ley de Ingresos”, aclaró.