La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a través de su Primera y Segunda Sala, resolvió 3 mil 676 asuntos durante este año, cifra que representa 85 por ciento del total de casos que tuvieron conocimiento.
Al rendir el informe de labores de este 2020, ambas Salas del máximo tribunal del país, las cuales sesionan los miércoles, destacaron que solo quedaron pendientes 691 asuntos.
En el caso de la Primera Sala, presidida por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, tuvo conocimiento de 2 mil 413 totales asuntos, de los cuales mil 861 fueron resueltos.
Respecto a la Segunda Sala, a cargo del ministro Javier Laynez Potisek, analizó mil 954 asuntos de los cuales mil 815 fueron resueltos.
El excedente del total de asuntos de ambas Salas de la SCJN corresponde a los que venían arrastrando del año pasado.
En sesión solemne, realizada a través de videoconferencia, el ministro González Alcántara Carrancá destacó que la Corte supo adaptarse a la situación de emergencia sanitaria presente en el país.
“La pandemia fue un obstáculo pero no un impedimento absoluto a la labor jurídica”, enfatizó el presidente de la Primera Sala de la SCJN.
“La jurisprudencia de la Sala no ha cesado de fungir como custodia de los derechos fundamentales y no ha descansado en su labor de dotar de contenido a la Constitución y de certeza jurídica al ordenamiento”, abundó.
Entre los temas más destacados que abordó la Primera Sala durante este año se encuentran la protección del derecho a la presunción de inocencia, derechos de las víctimas del delito u ofendidos, derechos de las víctimas a la reparación integral en el caso Guardería ABC.
De igual forma, el régimen de guarda y custodia en una familia homoparental, principio de igualdad y no discriminación, interés superior del menor de edad, derecho humano a la salud, derecho de acceso a la información pública, asistencia consular, derecho a la intimidad y a la vida privada, derecho a la vivienda digna.
Por su parte, el ministro Laynez Potisek afirmó que la Suprema Corte no puede ni debe ser ajena a las exigencias sociales.
“La mejor y única defensa que tenemos los juzgadores y las juzgadoras frente al escrutinio social está en nuestras resoluciones, en la optimización de su calidad, análisis y detalle, está nuestra posibilidad de mantener o en su caso recuperar la confianza de la sociedad”, aseveró.
Entre los expedientes más destacados que abordó la Segunda Sala destacan los casos en los que se involucran personas pertenecientes a grupos vulnerables, donde además de la sentencia tradicional, se elabora una de lectura accesible y sencilla.
En materia de derechos de los pueblos indígenas, se encuentra el relativo al derecho de los integrantes de una comunidad en Yucatán a proteger el ecosistema que habitan; el derecho a la autodeterminación de una comunidad indígena para expulsar a algunos miembros por practicar una religión distinta, contraria a sus usos y costumbres, pero sin actos de violencia y mediante reubicación; y, por último, la omisión absoluta del Congreso de la Unión en regular la figura de la consulta a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
La Segunda Sala también declaró como inconstitucional que las reglas de operación de los programas de desarrollo humano, oportunidades y apoyo alimentario, establezcan como criterio de elegibilidad la línea de bienestar mínimo, sin tomar en cuenta que estos hogares gastan más en alimentos, en vivienda y cuidados de la salud que el resto de las familias.
JLMR