El empresario Ricardo Salinas Pliego impugnó las medidas cautelares que le impuso el Instituto Nacional Electoral (INE) para cesar la violencia política de género contra la senadora morenista Citlalli Hernández, con el argumento de que afecta su derecho a la libertad de expresión y a la crítica hacia los servidores públicos.
En su defensa, Salinas Pliego, a través de su abogado, Arvin Aguilar Villela, alegó que las medidas no tienen fundamentación ni motivación y que “no se demuestra preliminarmente que las publicaciones denunciadas cumplan con los extremos normativos para considerarlas como Violencia Política en Razón de Género”.
Además, alega que “la Comisión divaga sobre diversos conceptos como la ‘gordofobia’, el ‘body shaming’ o la palabra ‘cenagorda’; sin embargo, por más que a la denunciante le pudieran parecer chocantes o desagradables tales comentarios, ese solo hecho no es suficiente para considerar que pudiera existir violencia política de género”.
La defensa acusa a la Comisión de Quejas y Denuncias de crear a la senadora “solo por su calidad de senadora, una instancia especial, con medidas más expeditas y amplias que otras instancias a las que tienen acceso otras mujeres, generando una categoría sospechosa en perjuicio de las mujeres que no son servidoras públicas”.
El viernes 11 de agosto, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE aprobó por unanimidad emitir medidas cautelares contra el empresario, luego de que después de un análisis de más de 100 publicaciones en la red social Twitter, ahora X, con agresiones dirigidas a la secretaria general de Morena, se concluyó que existe “una sistematicidad y reiteración de conductas y una campaña dirigida hacia la hoy denunciante” con motivo de su apariencia física.
El acuerdo ahora impugnado ejemplifica que “dentro de las referidas publicaciones, se hace referencia a la denunciante con un juego de palabras llamándola ‘cenadora con “c” y no se refiere a ella como senadora”.
Además, “Ricardo Benjamín Salinas Pliego ha mencionado a la denunciante dentro de la red social Twitter al arrobarla con su cuenta y llamarla ‘marrana’, lo que además trajo como consecuencia que otras personas usuarias de la referida red social respondieran comentando con las mismas burlas sobre el cuerpo de la denunciante”.
En un recurso de revisión promovido ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el dueño de TV Azteca pidió revocar las medidas cautelares dictadas en su contra por la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, consistentes en el retiro de 70 tuits y de que se abstenga de seguir agrediendo a Hernández, “ya que, al no ser materia electoral los hechos denunciados, carecen de competencia para conocer de las medidas solicitadas”.
Además, pidió dejar sin efectos la admisión del procedimiento especial sancionador iniciado en su contra “por no ser materia electoral y resultar igualmente incompetente la Unidad Técnica para sustanciar el procedimiento”.
En su argumentación, el abogado de Salinas Pliego asegura que “a simple vista se aprecia que la denunciante no señala cuáles son los derechos que supuestamente le han sido afectados (votar, ser votado, afiliación o asociación) ni la forma en que las publicaciones que denuncia le han impedido, menoscabado o limitado esos derechos”.