Corte invalida proceso de Congreso de NL para sancionar a 'El Bronco'

El Congreso de Nuevo León buscaba sancionar al gobernador por el desvío de recursos para recolectar firmas durante el proceso electoral de 2018.

Corte aplaza resolver controversia por destitución de 'El Bronco'
José Antonio Belmont y Orlando Maldonado
Monterrey /

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que es inconstitucional el proceso mediante el cual el Congreso de Nuevo León buscaba sancionar al gobernador Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, por el desvío de recursos para recolectar firmas durante el proceso electoral de 2018, a fin de alcanzar su registro como candidato presidencial independiente.

Con tres votos a favor y dos en contra, la Primera Sala del máximo tribunal del país aprobó el proyecto de sentencia elaborado por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá respecto a esta controversia constitucional interpuesta por El Bronco.

“Se declara la invalidez del acuerdo impugnado por el que el Congreso del Estado de Nuevo León expidió las reglas procesales, que se aplicarían en el proceso para sancionar al titular del Poder Ejecutivo de la entidad, publicado el 25 de septiembre de 2019 en el Periódico Oficial de la entidad, así como la invalidez por extensión del Acuerdo de Radicación e Inicio de Procedimiento derivado de las Reglas Procesales referidas”, refiere el proyecto.

De acuerdo con el proyecto, el Congreso de Nuevo León violó la ley, pues creó un procedimiento especial para sancionar al mandatario estatal, así como el secretario de Gobierno, Manuel González, ya que dicho procedimiento no se apegó al sistema de responsabilidad contemplado a nivel constitucional.

Sin entrar en discusión, los ministros que se mostraron a favor del proyecto fueron: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Jorge Mario Pardo Rebolledo y el ponente Juan Luis González, mientras que las ministras Margarita Ríos-Farjat y Norma Lucía Piña Hernández se mostraron en contra.

El procedimiento de responsabilidades contra El Bronco, indica el proyecto, debió haber comenzado con la acusación en la Cámara de Diputados y, posteriormente por la resolución declarativa en el Senado, a fin de poder llevarlo a juicio político, donde se le podría destituir e inhabilitar para ocupar cualquier cargo público.



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