Luego de que el Congreso de Nuevo León aprobara reformas para transferir el Instituto de la Defensoría Pública del Poder Ejecutivo al Judicial, el gobernador Samuel García impugnó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la nueva organización de este órgano que ahora depende del Consejo de la Judicatura del Estado.
A través de una controversia constitucional, García Sepúlveda demandó la invalidez del acuerdo general 8/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura de Nuevo León que, además de la nueva organización y funcionamiento del Instituto, también ordena la conclusión de Reynaldo Cantú Shay en el cargo de director de la Defensoría Pública.
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Dicho acuerdo, aprobado durante la sesión extraordinaria del Pleno del Consejo de la Judicatura del pasado 9 de marzo, también ordena a la Secretaría de Finanzas y a la Tesorería General del Gobierno de Nuevo León transferir recursos financieros y la posesión o servicios contratados para el Instituto de la Defensoría Pública.
De acuerdo con los registros públicos de la SCJN, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá será el encargo, en primer término, de determinar si esta impugnación del gobernador de Nuevo León cumple con los requisitos de legalidad para ser admitida a trámite y, de ser el caso, que pueda ser analizada por el máximo tribunal del país.
Cabe señalar que la discusión inicia el pasado 21 de febrero cuando el Congreso aprobó en segunda vuelta una reforma constitucional que tuvo modificación de fondo, la cual le quitaba al gobernador Samuel García el Instituto de Defensoría Pública del Estado para hacerla un órgano del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Nuevo León.
Después, el 13 de marzo, el presidente del Congreso local, Mauro Guerra, informó que los decretos 340, 341 y 342 que reformaban la Constitución local, se habían publicado en la Gaceta Oficial, lo que significaría que entraban en vigor, porque no se publicó en tiempo y forma en el Periódico Oficial del Estado.
“Mediante el decreto 341 publicado en la Gaceta Oficial del Poder Legislativo Local, de fecha 8 de marzo de 2023, se reformó el Artículo 17 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Nuevo León para establecer que el Instituto de Defensoría Pública del Estado formaría parte del Poder Judicial como un órgano del Consejo de la Judicatura. Dicha reforma surtió efectos a partir del 9 de marzo de 2023”, refiere el acuerdo general número 13/2023.
A lo que el pasado 15 de abril, el Poder Judicial tomó las instalaciones del Instituto de la Defensoría del Estado, atribuyéndolo a que se le había negado la suspensión definitiva, por parte del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, a Reynaldo Cantú Shay, ex director del Instituto. El cual había presentado el recurso el pasado 10 de marzo contra la reforma constitucional y de la que había obtenido una suspensión provisional para frenar el decreto, que al final terminó siendo desechado
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